En los últimos cinco años, Zacatecas ha ocupado el octavo lugar a nivel nacional en el número de víctimas de desaparición forzada, reveló Jairo Antonio López, sociólogo y académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), durante el Foro Universitario sobre la problemática de desaparición de personas en el estado. López alertó sobre la intensificación de esta crisis durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, subrayando la falta de políticas públicas efectivas para prevenirla.

El experto resaltó que, en términos proporcionales, la cifra de más de 3,600 víctimas de desaparición forzada en Zacatecas es «dramática», considerando la población total del estado, que supera los 1 millón 600 mil habitantes. Comparativamente con estados de mayor población como Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Tamaulipas, esta situación es alarmante.

En ese sentido, López reconoció que durante el periodo 2021-2022, Zacatecas registró un incremento en el número de víctimas de desaparición forzada en proporción a su población. A pesar del impacto devastador de este delito en las familias afectadas, no se han implementado políticas públicas efectivas para prevenirlo.

El foro también abordó la impactante realidad de las víctimas de desaparición forzada en Zacatecas, incluyendo a la infancia. Cristela Trejo Ortiz, abogada y defensora de los derechos de la infancia, reveló que la entidad tiene registros de 54 niñas y cerca de 40 niños desaparecidos en Zacatecas. Además, señaló que las víctimas no se limitan a quienes desaparecen físicamente, sino que también incluyen a aquellos que sufren de manera indirecta debido a la vulneración de sus derechos como consecuencia de este delito.

Elizabeth Araiza Hernández, presidenta del Colectivo Buscadoras de Zacatecas, compartió las dificultades y angustias que enfrentan las familias de personas desaparecidas. Después de la desaparición de su hermano en septiembre de 2018, expresó su frustración por la falta de avances en la investigación y lamentó que las autoridades a menudo violen los derechos de las familias afectadas. Araiza denunció que, en muchas ocasiones, se les niega información y se les ocultan los procedimientos adecuados para presentar denuncias y buscar justicia.