Por Jaime Santoyo Castro

Cuando el trabajo deja de ser seguro en una República constitucional

Salir de casa para trabajar debería ser el acto más ordinario y más seguro dentro de una sociedad civilizada. Levantarse temprano, despedirse de la familia, emprender la jornada laboral. Nada heroico.

Nada extraordinario. Simplemente ejercer un derecho y cumplir una responsabilidad.Pero en el México de hoy, trabajar se ha convertido, para muchos, en una actividad de alto riesgo.

La desaparición de diez mineros – entre ellos dos jóvenes zacatecanos que viajaron a Sinaloa con la legítima aspiración de adquirir experiencia profesional y generar ingresos para sus familias, – nos enfrenta a una pregunta que va más allá de la indignación: ¿puede el Estado garantizar que salir a trabajar no sea una sentencia?

La versión oficial habla de una “confusión”. La palabra estremece.¿Cómo se confunde a trabajadores con criminales? ¿Desde cuándo la apariencia o el simple tránsito por determinadas regiones convierte a cualquier ciudadano en sospechoso mortal? La explicación no sólo es insuficiente; es alarmante.

En una República regida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la vida no es un dato estadístico, sino un derecho fundamental. El artículo 1º obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No es un enunciado decorativo: es una exigencia jurídica concreta.

El artículo 14 prohíbe privar a cualquier persona de la vida o de la libertad sin un procedimiento legal previo. Y el artículo 21 establece que la seguridad pública es función del Estado para salvaguardar la vida y las libertades.

Cuando ciudadanos que ejercen una actividad lícita son interceptados y desaparecidos bajo la hipótesis de una confusión, no estamos ante un simple error de apreciación. Estamos ante la fractura del pacto constitucional.

El derecho al trabajo, reconocido en el artículo 5º, implica algo más que la libertad de dedicarse a una profesión. Supone condiciones mínimas de seguridad para ejercerla. De nada sirve proclamar el derecho si el trayecto hacia el empleo se convierte en una ruleta rusa.

La tragedia de estos mineros no es aislada. Se inscribe en una realidad donde estudiantes, profesores, médicos, transportistas, comerciantes y migrantes comparten la misma incertidumbre: salir de casa sin la certeza de regresar. La inseguridad ha dejado de ser una excepción para convertirse en contexto.

Y lo más preocupante es la normalización. La narrativa de la confusión parece sugerir que la violencia es un daño colateral inevitable. Pero el Estado constitucional no se construyó para administrar fatalidades; se instituyó para prevenirlas y sancionarlas.

Dos jóvenes zacatecanos salieron con la ilusión de crecer profesionalmente. No buscaban protagonismo ni riesgo extraordinario. Buscaban experiencia y sustento, y terminaron convertidos en símbolo de una crisis más profunda: la erosión de la confianza pública.

Porque cuando trabajar implica exponerse a la muerte, el mensaje social es devastador. Se desincentiva el esfuerzo, se alimenta el miedo y se rompe el contrato básico entre ciudadano y autoridad: tú aportas tu trabajo; el Estado garantiza condiciones para ejercerlo.

Solidarizarnos con las familias es un deber humano. Exigir investigación eficaz y responsabilidades claras es un deber cívico. Pero también es un deber moral recordar que detrás de cada cifra hay proyectos, afectos y futuros truncados.

Salir a trabajar no puede seguir siendo un acto de valentía.

Debe volver a ser lo que siempre debió ser: un ejercicio seguro de libertad en una República que protege a quienes la sostienen con su esfuerzo diario.