Por Jaime Santoyo Castro

En muchas partes de la República vemos con preocupación que se producen despojos u “ocupaciones” silenciosas de viviendas que pertenecieron a personas que ya fallecieron y cuyos familiares, por desconocimiento, desinterés, diferencias entre ellos o simplemente por falta de recursos económicos, nunca promovieron el procedimiento sucesorio correspondiente.

Pasan los años, los inmuebles permanecen abandonados o bajo el cuidado informal de algún familiar y, aunque jurídicamente existen derechos hereditarios que deben respetarse, en los hechos esas propiedades quedan a la deriva y se convierten en una tentación para quienes están atentos al descuido ajeno y encuentran en la vulnerabilidad de otros una oportunidad para apropiarse de lo que no les pertenece.

El problema se vuelve todavía más grave cuando para consumar esos despojos se utilizan documentos falsos, contratos simulados, poderes inexistentes, suplantaciones de identidad o cualquier otra argucia encaminada a construir una aparente cadena de propiedad.

Y peor aún cuando estas maniobras encuentran la colaboración, negligencia o corrupción de algún servidor público municipal o estatal, o la participación de quienes se ostentan falsamente como fedatarios y, por qué no decirlo, excepcionalmente de alguno que realmente lo sea, pero que al prestarse a semejantes conductas traiciona y denigra una función cuya razón fundamental es precisamente brindar certeza y seguridad jurídica a la sociedad.

Casos existen y deberían investigarse. No solamente para proteger el patrimonio de las familias afectadas, sino porque cada despojo que queda impune constituye una invitación para que otros delincuentes repitan el procedimiento.

Hay además un problema que debemos reconocer: muchas familias dejan pasar diez, veinte o treinta años sin regularizar una sucesión. Fallecen después algunos de los propios herederos y aparecen nuevas generaciones con derechos sucesorios. Lo que originalmente pudo resolverse mediante un procedimiento relativamente sencillo termina convertido en una compleja cadena de sucesiones, conflictos familiares y dificultades documentales.

La falta de recursos también juega un papel importante. Algunas personas consideran que tramitar una sucesión resulta costoso y prefieren posponerla indefinidamente. Sin embargo, el costo de no hacerlo puede resultar muchísimo mayor: perder el inmueble o tener que enfrentar después largos y costosos procedimientos judiciales para recuperarlo.

Por eso considero que este problema no debe enfrentarse solamente cuando el despojo ya ocurrió. La mejor política pública sería prevenirlo.

Los gobiernos estatales y municipales, con la participación de las instituciones encargadas del Registro Público de la Propiedad, catastros, poderes judiciales y colegios de notarios, podrían promover periódicamente campañas de regularización sucesoria, dirigidas particularmente a familias de escasos recursos.

Podrían establecerse facilidades o reducciones temporales en derechos registrales, certificaciones, avalúos y otros gastos administrativos, acompañadas de asesoría jurídica que permita identificar cuál es el procedimiento adecuado para cada caso.

El notariado también puede contribuir. Estoy convencido de que muchos notarios estaríamos dispuestos a participar en programas de esta naturaleza, particularmente cuando se trate de familias en condiciones económicas desfavorables, mediante honorarios reducidos o esquemas especiales convenidos institucionalmente.

Pero también es indispensable facilitar la denuncia. Quien conozca la existencia de redes dedicadas al despojo, falsificación de documentos o simulación de operaciones inmobiliarias debe encontrar frente a sí una autoridad confiable y un canal seguro para proporcionar información, sin quedar expuesto innecesariamente.

El patrimonio inmobiliario representa muchas veces el esfuerzo acumulado durante toda una vida. Una casa intestada no es una casa sin dueño. Detrás de ella existen derechos, historias familiares y, frecuentemente, el único patrimonio que una generación pudo dejar a la siguiente.

Regularizar una sucesión no debe verse solamente como un trámite jurídico.

Es cerrar la puerta al despojo antes de que alguien intente entrar por ella.