Jaime Santoyo Castro

El embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson habló recientemente de la necesidad de construir un futuro compartido entre países vecinos, libre de corrupción y extorsión. La expresión, en principio, suena correcta y hasta deseable. ¿Quién podría oponerse a una relación bilateral fundada en legalidad, prosperidad y respeto? Sin embargo, para que esa aspiración no quede en simple retórica diplomática, debe entenderse que ese compromiso no puede exigirse en una sola dirección. Debe ser recíproco, y así lo hizo sentir la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Es verdad que México tiene pendientes profundos y evidentes: corrupción institucional, impunidad, violencia criminal y debilidad de algunas estructuras públicas. Negarlo sería absurdo. Pero también sería injusto pretender que todos los males de la relación bilateral nacen exclusivamente de este lado de la frontera. Si se habla con seriedad de un futuro compartido, entonces también debe hablarse con seriedad de las responsabilidades estadounidenses.

Ninguna autoridad de los Estados Unidos puede exigir respeto y confianza con autoridad moral mientras persistan conductas abusivas o prepotentes de autoridades migratorias norteamericanas contra miles de personas que, con o sin documentos, siguen siendo seres humanos titulares de dignidad. Las redadas espectaculares, los discursos de odio, las separaciones familiares o los tratos degradantes lesionan no solo a los migrantes, sino a la relación moral entre ambas naciones. Ninguna política de seguridad justifica la humillación humana y mucho menos la vulneración de la soberanía de una nación.

Tampoco puede hablarse de combate eficaz al crimen organizado sin reconocer que una parte sustancial del problema nace en el gigantesco mercado consumidor de drogas en Estados Unidos. Mientras exista una demanda multimillonaria de narcóticos, existirán organizaciones criminales dispuestas a satisfacerla. Es una ley brutal del mercado ilegal. Pretender que la violencia se resuelva únicamente persiguiendo productores o traficantes, sin reducir el consumo interno, es combatir el incendio desde una sola esquina.

A ello se suma otro factor determinante: el flujo de armas de alto poder que cruza hacia territorio mexicano y fortalece a los cárteles. Muchas de las armas que siembran terror en ciudades y comunidades mexicanas provienen del norte. Es imposible pedir resultados plenos en seguridad mientras continúe esa hemorragia armamentista. La cooperación debe incluir controles reales, inteligencia compartida y voluntad política efectiva.

México, por su parte, debe asumir sin evasivas sus obligaciones: depurar corporaciones, profesionalizar fiscalías, castigar la corrupción, cerrar espacios a la extorsión y reconstruir el Estado de derecho. No hay excusa válida para tolerar complicidades internas. Pero la relación madura entre vecinos no se construye con sermones unilaterales, sino con autocrítica bilateral.

Dos países tan estrechamente vinculados por geografía, comercio, cultura y millones de familias binacionales no necesitan descalificarse; necesitan corresponsabilizarse. El futuro compartido del que habla el embajador solo será posible cuando ambos gobiernos entiendan que la frontera divide territorios, pero no responsabilidades.

Porque entre vecinos verdaderos, la exigencia debe ser mutua, el respeto recíproco y la solución compartida.