Por Jaime Santoyo Castro

Desde hace muchos años, particularmente a partir de aquella política gubernamental denominada “Renovación Moral”, se pusieron de moda los órganos de control en todas las esferas de la administración pública federal, estatal y municipal, así como en los organismos de los poderes Legislativo y Judicial.

Llámense Contralorías Internas, Contadurías Mayores de Hacienda, Auditorías Superiores, Órganos Internos de Control o como se les quiera denominar, muchos de ellos se han convertido en una espesa masa burocrática, costosa e ineficiente, que no siempre previene, investiga ni sanciona oportunamente a quienes desvían recursos públicos o utilizan las atribuciones del poder para satisfacer intereses personales o de grupo.

Lo más preocupante es que, en no pocos casos, pareciera que sus responsables prefieren no ver, no escuchar y no actuar. Y cuando lo hacen, surge la sospecha de que sus actuaciones obedecen más a intereses políticos que al cumplimiento de sus obligaciones legales. Se convierten así en una especie de elefantes blancos, especialistas en dejar hacer y dejar pasar.

Resulta verdaderamente inexplicable que instituciones dotadas de amplias facultades legales, presupuestos millonarios, personal especializado y acceso directo a la documentación administrativa y financiera, sean incapaces de advertir irregularidades que después son descubiertas por periodistas que no cuentan con semejantes recursos.

Casos hay muchos. Uno de los que recientemente ha generado cuestionamientos públicos es el del Instituto Nacional Electoral, organismo que, por su naturaleza y responsabilidad constitucional, debería ser ejemplo de transparencia, legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.

Los señalamientos sobre su administración, las decisiones de su presidencia y las controversias relacionadas con su funcionamiento obligan a preguntarnos dónde están sus mecanismos de vigilancia y qué han hecho para investigar, esclarecer y, en su caso, sancionar las irregularidades denunciadas.

Porque no basta con que una institución sea autónoma en el papel. La verdadera autonomía se demuestra cuando sus responsables actúan con independencia frente al poder político y cuando sus órganos fiscalizadores cumplen su cometido sin complicidades, complacencias ni consignas.

Lo mismo ocurre en otras dependencias gubernamentales. Con frecuencia conocemos, gracias a investigaciones periodísticas, posibles conflictos de intereses, contratos sospechosos, enriquecimientos inexplicables, desvíos presupuestales y abusos de autoridad. Entonces surge inevitablemente la pregunta: ¿Dónde estaban los órganos de control mientras todo eso sucedía?

Y todavía otra más inquietante: ¿Cuántas irregularidades permanecerían ocultas si no existieran periodistas dispuestos a investigarlas y denunciarlas?

Hasta ahora, algunos de los más eficaces vigilantes del ejercicio del poder han sido los medios de comunicación independientes y, particularmente, el periodismo de investigación. Son ellos quienes, mediante documentos, testimonios y evidencias, han logrado poner al descubierto hechos que deberían haber sido detectados por las instancias oficiales.

Desde luego, no todos los medios actúan con independencia ni todas las publicaciones constituyen investigaciones serias. También existen intereses económicos, políticos y partidistas que contaminan la información. Por eso es indispensable distinguir entre el periodismo responsable, que verifica y documenta, y aquel que solamente reproduce rumores o acusaciones sin sustento.

Pero esa circunstancia no disminuye el valor de una prensa libre. Por el contrario, confirma la necesidad de protegerla y exigirle rigor, porque una sociedad desinformada es una sociedad indefensa frente a los abusos del poder.

Hay, además, una diferencia fundamental: los periodistas investigan y denuncian, pero carecen de facultades para imponer sanciones. Los órganos de control, en cambio, tienen atribuciones legales para investigar, promover responsabilidades y activar los procedimientos correspondientes. Por eso resulta todavía más grave su silencio cuando existen indicios suficientes para actuar.

No podemos resignarnos a sostener una estructura burocrática que consume recursos públicos y que, en ocasiones, solamente sirve para justificar la existencia de oficinas, funcionarios, asesores y procedimientos interminables, mientras la corrupción continúa avanzando.

Los órganos de control no fueron creados para proteger a los funcionarios, encubrir irregularidades o perseguir adversarios. Su razón de ser es proteger el patrimonio público, prevenir los abusos y garantizar que quienes ejercen responsabilidades gubernamentales rindan cuentas a la sociedad.

Una democracia no se fortalece multiplicando oficinas de vigilancia, sino asegurando que las existentes funcionen, sean independientes y produzcan resultados verificables.

Por eso debemos reconocer el valor de los periodistas que investigan, cuestionan y exhiben los excesos del poder, aun cuando ello les represente amenazas, presiones o riesgos personales.

Los medios de comunicación no deberían sustituir a los órganos de control, pero lamentablemente, muchas veces son quienes terminan haciendo el trabajo que éstos no realizan.

Y mientras los responsables de vigilar al poder sigan mirando hacia otro lado, tendremos que preguntarnos quién vigila a los vigilantes y quién protege a la sociedad de quienes, teniendo la obligación de combatir la corrupción, prefieren guardar silencio.

Porque cuando los órganos de control callan y la prensa descubre, algo muy grave está fallando en nuestras instituciones.