Silencio cómplice: infancia, violencia y negligencia institucional
Por Yarahima N. García Carlos
En esta ocasión me gustaría recomendar una miniserie documental denominada «Justicia para el pequeño Gabriel» de 2020, que se puede encontrar en la plataforma Netflix. Debo advertir que no es apto para todo público, ya que contiene escenas descriptivas e imágenes terriblemente violentas.
Este documental relata la historia real del pequeño Gabriel Fernández de 8 años quien fue víctima de diversos abusos y tortura hasta provocarle la muerte. Además, muestran partes de las audiencias de los padres (principales responsables) y de cuatro trabajadoras sociales involucradas en el caso.
El niño Gabriel sufrió infinidad de abusos por un año, por parte de su madre Pearl Fernández y su novio Isauro Aguirre, ambos mexicoamericanos. Si bien no había un motivo en específico de estos abusos, lo molestaban en gran medida por su sensibilidad y le decían que era «homosexual».
Pearl Fernández al momento de su juicio fue diagnosticada con trastorno depresivo clínico, trastorno de estrés postraumático y con capacidades cognitivas muy limitadas, además en su historia de vida se pudo observar que sufrió abusos desde niña y consumía diversas drogas. Sin embargo, esto no justifica el daño físico, emocional y sexual que provocó a su hijo durante meses.
Pearl fue condenada a prisión de por vida e Isauro a pena de muerte. Este documental no solo expone el abuso, sino también la incompetencia y corrupción del sistema del trabajo social, pues cuatro trabajadores sociales del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de los Ángeles fueron acusados por negligencia criminal por no proteger al niño y falsificar registros.
Gabriel no era un niño activo en la escuela, pero cuando llegaba a ir, los y las maestras reportaban al servicio social sobre las marcas visibles de abuso. Lo que quiere decir que más de cuatro personas visitaron el domicilio del pequeño sin «notar nada fuera de lo normal».
Esta situación causó indignación en la comunidad estadounidense y a partir de esta, fueron destapándose más casos similares de padres que abusan a sus hijos. Para todos fue confuso ver cómo el hogar fue escenario del maltrato cuando en la utopía este debería ser un espacio de seguridad emocional, alimentaria, jurídica y económica, derechos inalienables de los menores de edad.
Aunque en el supuesto el hogar debería de ser un espacio seguro, en la realidad es más común, pues en México de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 2024, se registraron 37 mil 812 delitos contra personas de 0 a 17 años.
Los delitos que se cometieron contra menores fueron: homicidios, feminicidios, lesiones, delitos sexuales, trata de personas y violencia familiar.
En el 2023, 9 mil 802 niñas y adolescentes fueron atendidas en hospitales por violencia sexual. Mil 300 de los casos fueron ocasionados por sus padres o padrastros.
Por cada mil casos de abuso sexual infantil, solo diez llegan a juicio y solo uno recibe sentencia condenatoria, lo que significa el 99% de impunidad en el país.
El caso del pequeño Gabriel evidencia de manera cruda cómo la violencia infantil no es únicamente resultado de agresores individuales, sino también de fallas estructurales arraigadas en los sistemas de protección social. Si bien la responsabilidad directa recae en la madre y su pareja, el documental deja claro que la omisión, la negligencia y la corrupción institucional permitieron que el abuso se prolongara, a pesar de las diversas señales.
El caso de Gabriel no es aislado, sino una parte de una problemática global. Las cifras expuestas aquí muestran el carácter urgente de fortalecer las estrategias contra el maltrato infantil en todos los sentidos.