Por Irene Escobedo

Recientemente se emitió una disposición desde el Gobierno Federal que de inmediato replicó el alto mando de la Defensa Nacional para que ningún militar en activo o retirado haga uso de su arma de cargo para prestar sus servicios personales en seguridad privada o como escolta.

La situación surge de recientes acontecimientos donde un grupo de militares retirados fueron abatidos, al realizar labores de vigilancia para una empresa privada y donde como única defensa portaban sus armas de cargo.

El nuevo procedimiento que también fue difundido por la presidenta Claudia Sheinbaum implica el trámite de un permiso especial ante la Defensa o la Secretaría de Marina para el uso de armas personales y de uso exclusivo del ejército a favor de empresas privadas.

Más que evidente es que cualquier instrucción girada dentro del ámbito militar siempre viene acatada, pero en este caso deberá implicar la regulación de las empresas de seguridad privada y las condiciones en que se contratan a los exmilitares principalmente como escoltas o apoyo policial.

Dada la formación y el nivel de adiestramiento la mayoría de las oportunidades que los ex militares tienen en el ámbito particular radican precisamente en este tipo de empresas donde no se les apoya con el otorgamiento de armas.

Desarmados los exmilitares, y con muy reducidas posibilidades de continuar una vida laboral en el ámbito civil que no sean empresas de seguridad, las opciones estarán cerradas para ellos. Sin embargo el mayor esfuerzo y la principal regulación tiene que ser con los particulares, que no cumplen con los protocolos necesarios ni son supervisadas en el ámbito de su competencia.

El dictamen aunque es positivo dará lugar a irregularidades que tendrán que normarse porque presupone que en el caso de aquellas empresas que operan sin los permisos suficientes, incurran en la compra ilegal de armamento, dando lugar a que militares retirados tengan que hacer uso del mismo con las consecuencias que ya se advierten.