Por Irene Escobedo

La falta de respuesta para el registro de celulares podría dar lugar a una desconexión masiva.

A diferencia de la isla -donde los apagones son técnicos- en México, el desastre se diseñó por decreto.

El próximo primero de julio el país podría despertarse en medio del aislamiento en las comunicaciones de más de 100 millones de líneas de telefonía y emular a un sistema de control solo visto en países que están bajo un régimen autoritario.

Esta próximo a vencer el plazo oficial fijado para el registro telefónico que obliga a los usuarios de telefonía móvil a proporcionar datos biométricos. La fecha fatal como muchos la han descrito es el próximo 30 de junio.

En 45 días la realidad de México podría estar cambiando. El país como lo conocemos, como cada uno lo vive en su cotidianidad, conectado digitalmente, pronto podría ser otro, afectando incluso los vínculos creados a través de grupos de WhatsApp utilizados hoy en día a nivel vecinal, empresarial, familiar, todo como consecuencia de la imposición gubernamental para el registro de líneas.

La falta de respuesta de los mexicanos para el registro biométrico podría dar lugar a una inminente crisis de desconexión masiva. Hasta ahora solo dos de cada 10 usuarios de telefonía móvil en territorio nacional han registrado sus líneas.

De continuar la tendencia, alrededor de 100 millones de celulares estarían expuestos a un apagón regulatorio inmediato a partir del primero de julio.

La vida como la conocemos con la facilidad de comunicarse al instante, recibir llamadas, estar al pendiente de los hijos, del trabajo, será para muchos -ante la omisión del registro- cosa del pasado. México tendría su propio apagón como Cuba, a diferencia de que en la isla los apagones son técnicos o climatológicos. En México, el desastre se diseñó por decreto.

Los primeros filtros del padrón con los que se cuenta actualmente indican que las compañías telefónicas que lideran en el país han perdido más de un millón de clientes. Pero la verdadera tragedia ocurrirá cuando las líneas queden inhabilitadas y los usuarios sean privados incluso de acceder a los servicios de internet incluidas redes sociales.

Libertad de expresión en riesgo

A nivel internacional tanto organismos no gubernamentales, líderes y periodistas han expresado que ante la medida impuesta, la libertad de expresión en México podría estar en riesgo debido a que se perderá la comunicación en millones de líneas, el estado tendrá el control absoluto, se suprimirá el anonimato y hasta para tramitar una CURP se requerirá de un movimiento ante cámara.

Relatores internacionales indican que ante esta perspectiva el estado adquiere la capacidad de mapear en tiempo real las comunicaciones de la ciudadanía. Un atentado a la privacidad.

Para los defensores de derechos humanos y activistas esto tiene una trascendencia aún más negativa, dejará en la vulnerabilidad absoluta al usuario que por un lado pueden estar en riesgo de perder la comunicación si no acceden al registro y por el otro a ser vigilados al integrarse a la base de datos.

El ejercicio del periodismo crítico también está en riesgo. Podría enfrentar intentos de censura similar a los bloqueos de internet utilizados por el gobierno cubano para silenciar a sus ciudadanos.

El escepticismo es global

La asociación mundial de ecosistema móvil (GSMA) ha insistido en que no hay evidencias para que una medida como la decretada en México para el registro biométrico combata el crimen.

En el mundo solo países autoritarios han puesto en marcha medidas restrictivas y de bloqueo a las comunicaciones:

En China los ciudadanos están obligados a un escaneo facial para acceder a créditos sociales y estar bajo vigilancia del estado.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos mantienen un control absoluto sobre la comunicación ciudadana exigiendo las huellas dactilares al momento de adquirir una Sim.

Venezuela implementó también un mecanismo de control que denominaron “carnet de la patria” limitando la libre comunicación bajo la condición de acceder a subsidio económico.

México sentará un precedente en toda América latina. La comunicación quedará condicionada al control absoluto del estado, el riesgo de hackeo de bases de datos dejará en absoluta vulnerabilidad a la población, la identidad podría ser clonada, las cuentas bancarias podrían ser vaciadas por delincuentes y se podría cometer delitos a nombre del usuario registrado.

Además una base de datos centralizada permitirá al estado o a la criminalidad en caso de hackeo, rastrear movimientos compras y “escuchar” y rastrear las conversaciones privadas .

Si el sistema falla cualquier delincuente puede cometer crímenes a nombre del usuario, que quedaría sin acceso y sin derechos a servicios y a cuentas bancarias.

Los biométricos en las apps

Es importante diferenciar que las diversas aplicaciones -principalmente bancarias- instaladas en los teléfonos móviles utilizan actualmente huellas y datos biométricos de los usuarios para acceder, que se quedan encriptados en el mismo dispositivo.

Al pasar a malos del estado, los datos saldrán del dispositivo hacia una base central en un servidor externo que será administrado por instituciones públicas, dónde podrían operar funcionarios que ejerzan actos de corrupción.