La presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, envió a la Cámara de Diputados una nueva reforma a la actual Ley de Aguas Nacionales con la finalidad de concientizar a la población sobre el uso adecuado del agua.

Se agregan las siguientes modificaciones: se impondrá una pena de 2 a 10 años de prisión y de 400 a 4,000 días de multa a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro.

Se impondrá la misma pena a quien, sin autorización expedida por la autoridad competente, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes y flujos de agua nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas.

Asimismo, una pena de 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa a aquellas personas que modifiquen y alteren los medidores para su beneficio económico.

Se impondrá pena de 2 a 12 años de prisión y multa de 400 a 4,000 días a personas servidoras públicas que den asignaciones, prórrogas, permisos o registren títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a cambio de un beneficio no comprendido en su remuneración para sí, para su cónyuge, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, parientes civiles hasta el segundo grado, o para terceros con quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte.