Por Jaime Santoyo Castro

En el discurso político mexicano se habla con frecuencia de militancia partidista, pero pocas veces se reflexiona con seriedad sobre lo que ese concepto implica en realidad.

Para muchos, basta con asistir a un mitin, aparecer en una fotografía o portar un color en tiempos electorales para asumirse militante. Nada más alejado de la verdad. La militancia auténtica no es una pose circunstancial ni una credencial utilitaria: es una convicción sostenida, una adhesión ideológica y un compromiso ético con una causa colectiva.

El desconocimiento – o la deliberada distorsión – del significado de la militancia, ha provocado que cada quien construya su propia definición, de acuerdo a sus intereses, desligada de los principios, la historia y los valores del partido al que dice pertenecer. De ahí que no resulte extraño observar a personajes que cambian de partido con la misma facilidad con la que se cambia de camisa, sin el menor rubor ni explicación ideológica. La lealtad partidista, en muchos casos, no se orienta a ideas o proyectos de nación, sino a coyunturas, cargos y conveniencias.

En México, la participación política dentro de los partidos ha estado marcada, durante décadas, más por la ambición de poder que por el genuino deseo de servir. El amiguismo, el compadrazgo, la obediencia ciega y las negociaciones opacas han desplazado al mérito, a la preparación y a la trayectoria. No se asciende por convicción ni por trabajo territorial o doctrinal, sino por cercanía con quien decide, por la habilidad para adular o por la disposición para guardar silencios incómodos.

Los ejemplos sobran. Personas sin formación política, sin conocimiento técnico y sin experiencia administrativa han ocupado altos cargos públicos únicamente por ser “leales” al grupo en el poder. Se asumen dueños de la verdad y del patrimonio público, no como mandatarios temporales al servicio de la sociedad, sino como beneficiarios de un botín que consideran legítimo. El resultado es un ejercicio del poder divorciado de la responsabilidad, donde el cargo se convierte en un privilegio personal y no en una función pública.

Más grave aún es el fenómeno de quienes, habiendo accedido a una posición gracias a un partido, traicionan abierta o veladamente esa responsabilidad. Militantes que “venden” su lealtad, que entregan su responsabilidad para negociar su permanencia o su protección con otras fuerzas políticas, justificándose con el discurso del supuesto “bien de la sociedad”. En realidad, lo que buscan es impunidad, continuidad personal o blindaje frente a posibles responsabilidades. La militancia, en estos casos, se convierte en moneda de cambio.

Esta degradación del concepto de militancia tiene consecuencias profundas. Debilita a los partidos como instituciones, erosiona la confianza ciudadana y refuerza la percepción de que la política es un espacio de oportunistas y traidores. Cuando la militancia deja de ser ideológica y se vuelve meramente instrumental, los partidos pierden identidad, coherencia y capacidad de representación social.

La militancia auténtica exige algo mucho más incómodo: formación, congruencia, crítica interna, disciplina democrática y, sobre todo, coherencia entre el decir y el hacer. Implica aceptar que el interés colectivo está por encima del beneficio personal y que el poder no es un fin, sino un medio para transformar realidades injustas.

Mientras no se recupere ese sentido profundo de la militancia, la política seguirá siendo vista como un mercado de favores y no como un espacio de servicio público. Y entonces, más que militantes, seguiremos produciendo afiliados circunstanciales, leales solo a su propio interés y dispuestos a cambiar de bandera al primer viento favorable.