Médico Antonio Sánchez González

Zacatecas padece una anomalía biográfica que ninguna ley centralista ha querido comprender: nuestra geografía no termina donde concluye el pavimento de los límites estatales, sino dondequiera que un paisano tenga a su tierra en la memoria. Somos una comunidad transnacional por destino y por necesidad, casi por instinto de sobrevivencia. Por ello, la presurosa -casi servil- convalidación por parte de nuestro Congreso local de la reciente aprobación en el Senado de la minuta que veta a los ciudadanos con doble nacionalidad para postularse a cargos de elección popular no representa únicamente un retroceso legislativo; es un agravio a la columna vertebral de nuestra identidad.

El cálculo político de la actual legislatura zacatecana resulta tan miope como desmemoriado. Durante más de dos décadas, Zacatecas fue vanguardia en la conquista de los derechos cívicos de la diáspora. Desde la concepción de las diputaciones migrantes hasta la participación directa de liderazgos comunitarios en alcaldías y cabildos, la entidad entendió temprano que no se podía escindir al ciudadano del territorio sin quebrar la viabilidad de nuestros municipios. Aquellos avances costaron años de deliberación, consensos interpartidistas, legislación y una sólida interlocución con federaciones y clubes en California, Texas, Illinois, Georgia o Colorado. Hoy, de un plumazo y bajo la disciplina ciega de consignas dictadas en la capital del país, los diputados locales han desmantelado ese patrimonio histórico.

La contradicción raya en el cinismo. A los zacatecanos en el exterior se les prodigan homenajes retóricos en cada regreso decembrino; se aplaude su lealtad filial cuando envían las remesas familiares que mantienen a flote el consumo doméstico y evitan el colapso financiero de decenas de comunidades rurales; se les invita a poner dinero de su bolsillo en esquemas de coinversión para pavimentar calles, rehabilitar templos, instalar redes de agua potable o levantar domos escolares que los magros presupuestos gubernamentales jamás alcanzan a cubrir. Pero en el instante en que ese mismo paisano —que adquirió la ciudadanía estadounidense por pura necesidad, para defender su trabajo y a su familia sin olvidar jamás de dónde viene— pretende tener voz, voto y capacidad de decisión en la asamblea pública, el Estado le cierra la puerta en las narices y lo declara sospechoso.

El mensaje es inequívoco y profundamente clasista: su dinero es bienvenido, su criterio político no. Se consagra así una ciudadanía de segunda categoría. Se pretende que quienes sostienen materialmente a la entidad permanezcan como convidados de piedra, limitados a tributar en silencio mientras una burocracia desapegada de la realidad transfronteriza administra sus carencias.

Este cerrojo institucional no quedará exento de consecuencias. En el terreno jurídico, la disposición es abiertamente regresiva e incompatible con los criterios que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral han sostenido sobre el artículo 35 constitucional y el Pacto de San José: la reserva de exclusividad nacional no puede usarse como pretexto para anular derechos políticos básicos. Pero más allá de los tribunales, el costo será social y ético. Se fractura la confianza cívica de las nuevas generaciones de zacatecano-americanos y se alienta el desapego de quienes ya no encontrarán motivos para reinvertir en la tierra de sus mayores.

En lugar de actuar como un dique federalista o abrir un parlamento abierto con las federaciones de clubes en Estados Unidos, la mayoría legislativa incumplió con su función de servir como representante de la ciudadanía y servir de contrapeso republicano y optó por la convenenciera disciplina de bloque. Los diputados de esta legislatura pasarán a la historia no como los representantes de un pueblo que migra y resiste, sino como los ejecutores de un agravio mayúsculo. Han preferido el aplauso de sus dirigencias partidistas a la defensa de sus propios paisanos. En una tierra que vive del esfuerzo binacional, legislar contra la diáspora no solo es una torpeza política: es una traición a la propia sangre.