Irene Escobedo

Era migrante; como cada año, ese día Guillermo Camacho Ávila llegó procedente de Estados Unidos a visitar a su familia y disfrutar de la Feria regional de Huanusco, pero lo alcanzó la realidad de México y de Zacatecas. El padre de la alcaldesa perdió la vida luego de un ataque directo cuando viajaba en su automóvil.

La tragedia no es un hecho aislado: entra dentro de las estadísticas de violencia que aún se registran en el estado. Aunque la frecuencia de los hechos violentos en Zacatecas ha disminuido, la saña con la que se ejecutan ha aumentado y la inseguridad circunda cada vez más de cerca a personajes clave a nivel empresarial, social y político.

Por ahora, el asunto del padre de la alcaldesa Julieta Camacho García se ha despolitizado y la propia presidenta municipal está pidiendo a la Fiscalía del Estado una investigación apegada a la verdad. Ella ya había manifestado abiertamente la crisis de seguridad que se enfrenta en la región; incluso, solicitó en su momento mayor presencia de militares.

De cualquier manera, se ha tratado de desvincular el asunto de otros hechos, como las amenazas aparentemente recibidas por la diputada Carla Estrada, aunque su esposo, el alcalde de Zacatecas Miguel Varela, ha hecho énfasis en que existe un ataque mediático sistemático y presiones en contra de él y de su esposa, y hasta dijo temer por su integridad y la de los suyos.

En el caso de la capital, indudablemente la situación ha escalado debido a las fricciones políticas y acusaciones directas que surgen desde la presidencia municipal y desde el gobierno del estado. Para el alcalde Miguel Varela esto es una abierta persecución política; sin embargo, ambos lados han desacreditado la legitimidad del otro en múltiples ocasiones.

El caso del alcalde de Zacatecas evidentemente no puede descartarse como una exageración mediática. Aquí se han omitido varios factores; por ejemplo, las vías institucionales para el diálogo están prácticamente cerradas, por lo que la única salida es el conflicto discursivo. Sin embargo, son señalamientos que deben proseguirse de manera legal e institucional porque, más allá de la retórica, la realidad y la historia de Zacatecas nos demuestran que ante la inseguridad todos somos vulnerables.