Por Antonio Sánchez González, Médico.

Los datos se están acumulando. Informe tras informe, la observación se repite. Casi cada informe del estado de la salud pública del mundo occidental solo confirma lo que observadores, investigadores y médicos han sabido durante mucho tiempo: la salud está estrechamente ligada al estrato social. Hay relación directa entre estado de salud individual y código postal.

Los datos son mareantes y constantes. Solo hay que empezar a hojear estos reportes para saber que hoy, solo el 10% de los más ricos fuma diariamente, mientras que el 30% de los menos favorecidos consumen tabaco, o que las personas que dicen ser las más acomodadas económicamente suelen percibir su salud como buena o muy buena (80%), frente al 50% de quienes atraviesan dificultades económicas. Reportan menos limitaciones de actividad (16%, frente al 40%) y tienen prevalencias más bajas de hipertensión arterial (18%, frente al 24%) y diabetes (4.5%, frente al 10%).

México, como el grupo de países con los que se relaciona, más o menos mide estas desigualdades. Las nombra, cuantifica y documenta. Pero, una vez establecidas las cifras, ¿qué alternativas se derivan de ellas?

La respuesta es tan simple como desesperanzadora: ninguna, demasiado poco o demasiado tarde. En nuestro país, todas nuestras esperanzas descansan en los sistemas de salud y los programas sociales. El primero lleva, a veces acompaña y las cifras dicen que no alcanza. A su lado, el segundo sostiene, indemniza y amortiza. Pero con demasiada frecuencia ambos solo ocurren río abajo, cuando la enfermedad ya existe, cuando el agotamiento ha llegado a un punto de inflexión, cuando no hay otra opción.

Mientras tanto, las políticas públicas que influyen directamente en las condiciones de vida —medio ambiente, empleo, vivienda, generación de riqueza, finanzas, movilidad y muchas otras— continúan su desarrollo por debajo de lo satisfactorio y sin una evaluación sistemática de su impacto en la salud y en la vida de los mexicanos.

Observamos. Reparamos los daños. ¿Pero cuánto tiempo se tolerará? ¿Y cuándo entenderemos que la prevención no puede funcionar mientras el Estado no dé a sus ciudadanos las condiciones necesarias para su bienestar?

Si bien, en el discurso público la prevención se ha vuelto central, en realidad se traduce sobre todo en una mayor responsabilidad de las personas: comer mejor, dormir mejor, moverse más, evitar conductas de riesgo… Hay una gran cantidad de órdenes para cambiar el comportamiento. ¿Son eficaces? La ciencia del comportamiento lleva muchos años demostrando que la motivación individual no es suficiente. Ni siquiera la mejor voluntad del mundo lo es: el comportamiento depende de la capacidad de actuar, la motivación y la oportunidad real. Dar 10000 pasos al día en una ciudad donde la temperatura supera los 30 grados a diario y en sus aceras hay miedo es mucho más que una cuestión de motivación.

Algunas autoridades locales han intentado adoptar esta lógica con distintos grados de éxito. La red de ciudades saludables de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, pide a sus miembros que integren la salud en las políticas locales de planificación urbana, vivienda, movilidad y cohesión social. La idea no es instar a los residentes a «hacerlo mejor», sino cambiar los entornos para que estos comportamientos sean posibles.

Finlandia es ahora la nación más avanzada en esta área. La integración de los impactos en la salud forma parte del proceso de desarrollo de sus políticas públicas, incluso fuera del ámbito sanitario, según el principio de «Salud en todas las políticas». No se trata de quitar poder a la política, sino de hacer que sea políticamente costoso ignorar un impacto documentado en la salud. La salud se ha convertido en un criterio para la presupuestación, no solo en un resultado que debe corregirse.

En México nos hemos rezagado en cuanto a conocimientos. Hoy no tenemos datos sólidos, instituciones sólidas y ni estrategias explícitas. Lo que plantea preguntas es lo que no sabemos, y no lo que acordemos hacer con ese eventual conocimiento. Porque la verdadera cuestión ya no es si debemos hacer prevención, sino por qué seguimos depositando la mayor parte de la responsabilidad de la salud de la población únicamente en los ciudadanos, mientras que las decisiones públicas que moldean las condiciones de vida en gran medida escapan a cualquier requisito de rendición de cuentas.