El Gobierno de México anunció que el conflicto laboral en la mina San Martín, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, no está dentro del ámbito de aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por lo tanto, se resolverá en instancias judiciales mexicanas, según información proporcionada por la Secretaría de Economía.

La Secretaría de Economía argumentó que el conflicto que fue denunciado por Estados Unidos en junio de este año, en realidad se inició en julio de 2007, lo que significa que no aplica el MLRR que fue establecido en el T-MEC, el cual entró en vigor en julio de 2020.

Asimismo, la dependencia señaló que no hay pruebas de que la mina San Martín exporte mercancías a Estados Unidos, tras llevar a cabo investigaciones sobre las denuncias de la presunta negación de derechos en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sindicato Minero) por parte del Grupo México, empresa operadora de la mina.

El Gobierno de México, en un comunicado conjunto de las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social, detalló que este conflicto se originó en 2007 cuando el Sindicato Minero estalló una huelga en la mina. Luego de 16 años de litigio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió una resolución el 9 de junio de 2023, en la que dejó sin efecto el acuerdo dictado por esa misma autoridad el 23 de agosto de 2018, que daba por terminada la huelga a través de un convenio firmado entre Grupo México y una coalición de trabajadores.

El 14 de junio de 2023, la JFCA resolvió el juicio de imputabilidad de la huelga, emitiendo un laudo a favor del Sindicato Minero, reconociéndose como titular del contrato colectivo, y declarando a Grupo México responsable de causar la huelga, condenando a pagar salarios caídos y prestaciones, y dando por terminada la huelga.

El gobierno mexicano concluyó que el conflicto en la mina San Martín está próximo a una resolución final en instancias judiciales mexicanas, al estar fuera del ámbito de aplicación del MLRR del T-MEC, y reiteró su compromiso de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras mexicanas, conforme a las leyes y autoridades nacionales.

Desde que entró en vigor el T-MEC, Estados Unidos ha solicitado en más de 10 ocasiones activar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Recientemente, México y Estados Unidos acordaron un plan de reparación tras reportarse violaciones de los derechos laborales de los trabajadores de la planta automotriz Draxton en Irapuato, Guanajuato.