Por Alan de Anda

Durante el verano del presente año, el término ‘gentrificación’ se ha colocado en el centro de uno de los principales debates públicos en México. En las calles de la Ciudad de México, una serie de protestas sociales demandan a las autoridades frenar este fenómeno.

Empecemos con lo básico. ¿Que se entiende por gentrificación? El vocablo fue acuñado por la socióloga británica Ruth Glass en 1964 con el objeto de describir el proceso de renovación de barrios urbanos londinenses por parte de personas de mayor poder adquisitivo, quienes desplazaban a la población original de menor poder adquisitivo. Este proceso, naturalmente, va acompañado de un incremento considerable en el precio de la vivienda.
En el contexto mexicano, según cifras del sitio de internet Inmuebles24, el mayor sitio web inmobiliario en México, el precio promedio por metro cuadrado de la renta de vivienda a nivel nacional ha crecido alrededor de 50% en los últimos 3 años (ver gráfico).

Es necesario considerar que la pandemia de covid-19 trajo consigo muchos cambios en los patrones sociales. Uno de ellos fue, sin duda, el trabajo a distancia. Así, México, se convirtió en uno de los principales países receptores de “nómadas digitales”, quienes comenzaron a residir en las principales urbes del país. Ingreso en dólares, gasto en pesos.

Los rasgos más significativos de la gentrificación se pueden observar en algunas colonias de la CDMX tales como La Condesa y La Roma, donde el precio de las rentas se ha duplicado en el periodo arriba mencionado, según indica el estudio de Propiedades.com titulado “Radiografía del Mercado Inmobiliario”.

Esta coyuntura ha impulsado al gobierno de la capital del país a proponer una “Ley de Rentas Justas y Asequibles”, misma que se discute actualmente en el Congreso local de la CDMX. Su objetivo es “estabilizar las rentas, garantizar el derecho a la vivienda adecuada y defender el derecho a la ciudad”, según declara la Jefa de Gobierno.

Uno de los puntos más polémicos ha sido la tentativa regulación de las plataformas digitales de renta de inmuebles tales como AirbnB, Booking.com, etc.

La gentrificación presenta tanto beneficios como costos sociales que requieren una intervención estatal selectiva e inteligente, no extremos absolutos. El mercado inmobiliario libre genera dinámicas económicas positivas, pero ciegas a externalidades sociales. El Estado debe ser el árbitro que garantice equidad, no un intervencionista que ahogue el desarrollo ni un espectador pasivo que permita la exclusión.

El propósito no debería ser detener la gentrificación, sino gestionarla para que sus beneficios se distribuyan más ampliamente y sus costos no recaigan desproporcionadamente en los más vulnerables.