Por José Guillermo P.H.

En medio de un discurso público saturado por los conceptos de equidad e igualdad de oportunidades, enarbolados principalmente por movimientos que se autodenominan de izquierda, resulta una amarga paradoja que un muy tangible ejemplo de desigualdad se geste y acentúe en el sistema educativo público, impulsado, precisamente, por cúpulas sindicales que dicen defenderlo.

Nadie niega la validez de las demandas de muchos maestros. La vocación de miles de docentes es innegable, y su labor se ve a menudo obstaculizada por carencias y situaciones que escapan a su control. Sin embargo, el reciente paro de labores que dejó sin clases a 1.2 millones de estudiantes en el país y que en Zacatecas duró un mes, no parece haber sido motivado por una genuina búsqueda de mejoras a la educación, sino por un cálculo político.

Grupos sindicales como la CNTE, que en su momento fueron un brazo de apoyo para que Morena llegara al poder, hoy reclaman el pago de facturas políticas. Sus exigencias, como la reversión de la reforma de pensiones a un modelo financieramente inviable o la duplicación de sueldos sobre un aumento ya ofrecido del 10%, revelan más una estrategia de presión que una negociación realista. Es lógica elemental: no se puede repartir lo que no se tiene. Pretender regresar el reloj a un sistema de pensiones de hace décadas, ignorando la realidad demográfica y económica actual, es simplemente irresponsable.

Lo más revelador fue el abrupto final del paro. Sin que se cumplieran las demandas principales y sin una comunicación clara sobre los acuerdos alcanzados, las cúpulas sindicales ordenaron el regreso a las aulas. Este desenlace sugiere un pacto cupular, lejos de las bases y, sobre todo, lejos de los intereses de los alumnos, los grandes ausentes en la retórica sindical.
Tras la suspensión, el secretario de Educación, Mario Delgado, aplaudió el supuesto «compromiso» de los maestros zacatecanos para «trabajar horas extra» y reponer el tiempo perdido. Una declaración optimista que choca frontalmente con la realidad que reportan los alumnos en municipios como Jerez. Lejos de una «intensa» recuperación, muchos docentes aceleran el cierre del ciclo, se apresuran a registrar calificaciones para cumplir con el trámite y dejan su labor docente al «que sea lo que Dios quiera».

Así, la hipocresía del discurso igualitario se desmorona. Mientras los estudiantes del sistema público perdían un mes de clases, sus pares en escuelas privadas continuaban su formación sin interrupciones. Llevando a que, quienes tuvieron la posibilidad, cambiaran a sus hijos a escuelas que seguían trabajando. La brecha de oportunidades, ya existente y profunda, no hizo otra cosa mas que ensancharse.

Al final, el paro no fue una lucha por la educación, sino una transacción de poder cuyo costo no se pagó en las mesas de negociación tripartitas, sino en las aulas vacías. Se juega con el futuro de una generación en la mesa de la conveniencia política, demostrando que, a veces, la desigualdad se construye con los ladrillos de un discurso que promete lo contrario.