Por Irene Escobedo

Luego del secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz, quien continúa desaparecida —hasta el cierre de esta edición—, llama la atención la aparente distracción con la que el Gobierno Federal y el propio gobierno del estado de Veracruz tomaron el caso.

No fue sino hasta que la madre de la periodista pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum, que se le dio un vistazo público al caso.

En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle, aunque asegura que desde el principio estuvo atenta, no fue hasta el jueves —tres días después del suceso— que emitió declaraciones a la prensa sobre la privación ilegal de la libertad de Roxana Guzmán. Y habló porque la prensa la entrevistó; respondió solo a pregunta expresa.

El silencio institucional no es casualidad, es una clara omisión, es una falta de estrategia para abordar la desaparición de una mujer que además es periodista.

Tanto Sheinbaum como Nahle quisieron evitar el costo político, absteniéndose de declarar al respecto hasta el máximo posible del silencio. Es imposible pretender restarle gravedad a un hecho que desde el primer momento está en manos de la opinión pública internacional, gracias a las evidencias que circulan en redes sociales.

Las autoridades del gobierno están obligadas a refrendar que la agresión a cualquier mexicano trae consecuencias legales. Agredir a una persona porque realiza su trabajo, como en el caso de los periodistas independientes, debe tener consecuencias de peso también, pero las autoridades lo deben enfatizar con acciones.

Afortunadamente, en el país hay periodistas que hacen su trabajo con vocación y convicción, personas valientes que no se inhibirán de la responsabilidad de investigar e informar, aunque las autoridades den un paso atrás.

En el caso de Roxana Guzmán, la periodista dirige un portal independiente llamado Pulso del Sureste, en Nanchital, Veracruz. Se conoció que las líneas de investigación respecto a su secuestro son tres: la primera, impulsada desde la red de Periodistas Sin Fronteras, plantea una investigación a fondo bajo la hipótesis del acoso por labor periodística, esto debido a que la periodista cubría temas de política local, denuncia ciudadana y seguridad.

La segunda línea de investigación tiene que ver con el acoso que recibió en 2019 por parte de un funcionario municipal de Nanchital y que obligó a la comunicadora a solicitar protección.

La tercera línea de investigación es una hipótesis altamente sensible y apunta a situaciones familiares en las que su expareja, Carlos Fernández Escalante, fue privado de la vida en 2017. Ante este suceso, Roxana Guzmán tuvo que huir de Veracruz. Se presume que esta situación tiene como origen algún vínculo con las redes delictivas locales.

Más allá de las hipótesis, la realidad es que en México el peligro para la prensa libre no es una casualidad; en este país a sus comunicadores se les abandona en las zonas de silencio, en la más absoluta impunidad.

A casi una semana de su desaparición, no hay pistas que lleven a la localización de la periodista Roxana García, privada ilegalmente de su libertad el pasado 2 de junio.

Ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni tampoco la gobernadora regional le dieron relevancia al secuestro de la periodista veracruzana. Nahle dice que desde que tuvo conocimiento se giraron órdenes; sin embargo, fue hasta tarde el jueves que dio sus primeras declaraciones, xx días después del suceso.

Rosana Guzmán fue privada de su libertad de manera violenta cuando sujetos irrumpieron en su domicilio en Nanchital, Veracruz.

*Ilustración: DiarioDeConfianza.mx