Por Jaime Santoyo Castro

La reciente convocatoria emitida por el Secretario de la Función Pública del Estado de Zacatecas para recabar historias de distintos sectores sociales, con la finalidad de exhibirlas en un espacio denominado “Museo de la Honestidad”, merece algo más que aplausos automáticos o descalificaciones ligeras. La idea de reconocer conductas íntegras en una sociedad cansada de la corrupción puede parecer, en principio, loable. Sin embargo, cuando se desciende al detalle de la convocatoria, surgen preguntas éticas profundas que no pueden ni deben ignorarse.

Particularmente preocupante resulta la intención de colocar un cartel para “buscar a la madre buscadora más honesta”. La frase, tal como está formulada, no solo es desafortunada: es profundamente reveladora de una incomprensión institucional del dolor, la dignidad y la naturaleza misma del movimiento de madres buscadoras en México.

Las madres buscadoras no surgieron como un sector social que compite por reconocimientos, ni como protagonistas de historias ejemplares para exhibición museográfica. Surgieron, y siguen luchando, porque el Estado ha fallado. Porque la violencia, la impunidad y la ausencia de respuestas han obligado a cientos de mujeres a hacer lo que ninguna madre debería hacer: buscar a sus hijos desaparecidos con sus propias manos, con picos, palas, esperanza y miedo.

Hablar de “la más honesta” implica, aunque quizá no se haya querido, una comparación indebida y una clasificación moral que no corresponde. ¿Acaso hay madres buscadoras deshonestas? ¿Se puede medir la honestidad de una madre que busca a su hijo en función de criterios administrativos, narrativos o institucionales? ¿O quizá se está sugiriendo la existencia de madres buscadoras que buscan un beneficio personal? El solo planteamiento resulta éticamente insostenible.

La honestidad, cuando se convierte en objeto de concurso, corre el riesgo de vaciarse de contenido. Más aún cuando proviene de una autoridad encargada de vigilar la legalidad y la integridad del ejercicio público. La honestidad no se museifica; se practica. No se exhibe en vitrinas; se demuestra en decisiones, políticas públicas, investigaciones eficaces, sanciones a responsables y, sobre todo, en resultados.

Un “Museo de la Honestidad” puede ser un ejercicio simbólico interesante si va acompañado de una transformación real del funcionamiento institucional. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un espacio de simulación, donde se narran historias edificantes mientras alrededor persisten la corrupción cotidiana, la impunidad estructural y la indiferencia frente a las víctimas.

En el caso de las madres buscadoras, el riesgo es aún mayor: instrumentalizar su dolor para fines discursivos, populistas o de imagen pública. Ellas no necesitan homenajes simbólicos ni carteles llamativos; necesitan verdad, justicia, apoyo efectivo, recursos, seguridad y acompañamiento institucional serio. Necesitan que las fiscalías funcionen, que las búsquedas sean profesionales, que las desapariciones se investiguen y que los responsables enfrenten consecuencias reales.

Si de honestidad se quiere hablar, quizá el primer ejercicio debería ser reconocer los límites del Estado, pedir perdón por las omisiones y escuchar, sin protagonismos, a quienes han sido obligados a cargar con tareas que no les correspondían. La honestidad institucional empieza por no apropiarse del sufrimiento ajeno ni convertirlo en pieza de exhibición.

Zacatecas necesita menos museos simbólicos y más políticas públicas honestas. Menos concursos narrativos y más resultados verificables. Menos discursos y más acciones. Porque la verdadera honestidad no se premia: se exige. Y, sobre todo, se demuestra todos los días, especialmente desde el poder.