Por Irene Escobedo

Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum turnó una iniciativa que permitirá que la extorsión sea perseguida de oficio, esto significa que el estado asumiría completamente la responsabilidad de la denuncia, y ya no recaería sobre la víctima.

La iniciativa turnada para su análisis como proyecto de decreto dará facultades al Congreso de La Unión para emitir una ley que regule la extorsión y para qué se persiga de oficio.

En términos prácticos, significa que las denuncias podrán ser anónimas. El estado asumiría la responsabilidad convirtiéndose en parte como víctima y conservando la investigación y castigo. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad ya fue puesto a disposición el número 089 para las denuncias anónimas en materia de extorsión.

Fundamental será también regular el uso de teléfonos móviles desde los centros penitenciarios, principales generadores del delito vía telefónica, pero también otras modalidades como la compra abusiva de productos en la red, que nunca pagan pero que se logran apropiar a través de terceros desde los reclusorios.

Otro aspecto importante serán las prácticas abusivas del cobro de deudas, sigue siendo común que algunos prestadores de servicios financieros ejerzan presión a través de mensajes tipo sms que rayan en la extorsión y amenaza, a pesar de la regulación existente.

La medida, deberá por fuerza ir venciendo poco a poco la impunidad, el temor a la denuncia pero podría abrir la puerta para que hasta la vecina le denuncie por cobrarle la tanda.