Por José Guillermo P.H.

Las recientes protestas y bloqueos de agricultores en todo el país reflejan una problemática compleja que va mucho más allá de lo que salta a primera vista; los precios de garantía son una forma de mitigar un síntoma, pero no representan una solución real y de largo plazo, a pesar de que durante las campañas siempre se ofrecen como la gran solución que sólo requiere voluntad política.

El problema raíz del campo mexicano es la falta de productividad y la bajísima tecnificación de gran parte de los productores. Los pequeños agricultores mexicanos están inmersos en un ciclo que les permite sobrevivir más que prosperar, y parte del problema e ineficiencias está en la administración de un recurso fundamental como es el agua.

Es evidente que el actual modelo no es el idóneo y hay vicios, vacíos e ineficiencias que deben resolverse, pero la manera tan característica de la autodenominada 4T de hacer cambios —el método de reducir a escombros lo que existe para hacerlo todo de nuevo, casi igual o peor—, está causando una agitación absolutamente innecesaria y está aportando muy poco a la discusión que deberíamos estar teniendo: cómo hacemos al campo mexicano auténticamente competitivo y cómo aprovechamos de manera responsable y justa nuestros recursos hídricos.

En lugar de una discusión seria, el foco se ha puesto en antagonizar a los agricultores, llegando al gravísimo episodio en el que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que algunos de los manifestantes tenían carpetas de investigación por obstrucciones a las vías —por manifestarse, vaya—. Cosa que al día siguiente se matizó, se dijo que no se dijo, que se sacó de contexto, se entendió mal y que —de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum— no existen esas carpetas.

El gobierno reculó de último momento en comportarse como un Estado totalitario, pero reforzó su estrategia de mostrar a los disidentes como antagonistas a la patria y enemigos del pueblo. ¿La prueba de ello? «Sus camionetotas», en palabras de la propia presidenta. Tal parece que esos lujos solamente son moralmente aceptables si son ostentados por los políticos de la alianza gobernante.

Es evidente que se requieren grandes cambios y tocar muchos intereses en materia de agua; lo que resulta una verdadera lástima es que se menosprecie a un gremio entero en el proceso que no está haciendo otra cosa que exigir que se cumpla lo que en campaña les prometieron.

Algunas de las demandas son imposibles de cumplir para el gobierno, pero apelar a una especie de evangelio de la envidia para intentar poner a la opinión pública en contra de los agricultores es sumamente irresponsable. Ya va siendo hora de que se utilicen los recursos públicos para combatir la miseria y la injusticia sin utilizarlos como pretexto para controlar la vida económica y social de los mexicanos.

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