Por Irene Escobedo

El reloj sigue corriendo y la incertidumbre crece. A pesar de los anuncios realizados en agosto por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar un salario mínimo mensual de 17 mil 622 pesos a policías, soldados y personal médico, el Diario Oficial de la Federación (DOF) aún no publica el decreto que formalice los detalles del incremento salarial ni los tiempos para su aplicación y los trabajadores de estos sectores esenciales permanecen en espera de una definición concreta.

La falta de prisa para oficializar lo prometido contrasta con la urgencia de quienes dependen de estos ajustes. Para miles de trabajadores del área de la seguridad y de la salud, este incremento no es un lujo, sino una necesidad básica para hacer frente al costo de vida. Sin embargo, hasta ahora, no hay un anuncio que concrete cuándo se publicará finalmente el decreto en el diario oficial por lo que lo del incremento a sectores que históricamente han estado mal remunerados tendrá que seguir esperando.

Ojalá y el año no tenga que cerrar de nueva cuenta con los raquíticos salarios que todavía perciben los trabajadores de estos sectores y que, recordemos, oscilan entre 6 mil 800 pesos para policías, militares y guardias nacionales, y entre 9 mil y 12 mil pesos para médicos, y que está dicho una y otra vez, son percepciones muy por debajo del salario promedio de los trabajadores registrados en el IMSS, es decir, 16 mil 777 pesos mensuales.

La reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados para garantizar un salario base digno para estos sectores es un avance significativo, pero sin la publicación del decreto en el DOF, el propósito queda en el limbo.

La incertidumbre tiene un precio. No solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y en las promesas gubernamentales. En un contexto donde la inflación impacta el poder adquisitivo de las familias mexicanas, la tardanza representa una carga adicional para quienes ya enfrentan dificultades económicas.

El tiempo sigue corriendo, y cada día de retraso solo refuerza la “percepción” de que la justicia laboral, para el Gobierno, no tiene prisa. Y lo demuestra también la confusión que se ha generado en torno a la reducción de la jornada laboral aspecto sobre el que mientras algunos legisladores insisten en que es urgente su aprobación y hay suficiente material para armar una conclusión a favor de los trabajadores, parece que para los actores principales en el congreso y en el gobierno, no es una prioridad legislar sobre el tema por lo menos en lo que resta del año.