Por Jaime Santoyo Castro

Durante muchos años, a lo largo y ancho del territorio nacional, hemos escuchado la palabra huachicol hasta convertirla en parte de nuestro lenguaje cotidiano y créanme que de ello no solamente no debemos sentirnos orgullosos, sino debemos sentirnos muy avergonzados, pero lo preocupante no es solamente que exista una actividad ilícita dedicada al robo y comercialización de combustibles, sino que hayamos llegado al punto de normalizarla como si se tratara de un fenómeno inevitable de la vida nacional.

El huachicol no es una travesura ni una simple falta administrativa. Es una empresa criminal que roba recursos que nos pertenecen a todos los mexicanos. Cada litro sustraído ilegalmente representa menos ingresos para el Estado, menos recursos para infraestructura, educación, salud y seguridad. Lo que unos cuantos obtienen como ganancia ilícita termina pagándolo toda la sociedad.

Lo más grave es que esta actividad no podría sobrevivir sin una extensa red de complicidades. Resulta difícil imaginar perforaciones clandestinas en ductos, transporte de miles de litros de combustible, almacenamiento, distribución y venta, sin la participación o tolerancia de servidores públicos corruptos, empresas, intermediarios y consumidores que deciden cerrar los ojos ante el origen del producto, porque además se practica a la vista de todos. Sólo no lo ven los que no quieren verlo.

La corrupción es precisamente eso: una cadena en la que cada eslabón encuentra una justificación para participar. El funcionario recibe dinero para no ver; el delincuente argumenta que necesita sobrevivir; el comprador se convence de que sólo está aprovechando una oportunidad de ahorro. Al final, todos contribuyen a fortalecer una estructura criminal que debilita al país; y el colmo es que hasta altos funcionarios ha habido que justifican estas actividades delincuenciales diciendo que generan empleos.

México no merece ser identificado internacionalmente por estos fenómenos. Somos una nación de gente trabajadora, de científicos, empresarios, campesinos, obreros, maestros, profesionistas y comunicadores que todos los días construyen riqueza de manera honesta.

Sin embargo, bastan los actos de unos cuantos para proyectar hacia el exterior una imagen de corrupción e impunidad que termina afectándonos a todos, y eso no es justo, ni aceptable, porque le estamos heredando a nuestras generaciones futuras un desprestigio que será muy dificl de contrarrestar.

Por eso debemos darnos cuenta que la verdadera tragedia no es únicamente el combustible robado. Es el deterioro moral que se produce cuando la sociedad comienza a aceptar que el incumplimiento de la ley es una forma legítima de obtener beneficios. Cuando la ilegalidad se vuelve costumbre, el daño deja de ser económico para convertirse en cultural.
Combatir el huachicol exige acciones firmes de investigación, persecución y sanción. Pero también requiere recuperar valores básicos como la honestidad, la responsabilidad y el respeto al patrimonio común. Ninguna estrategia será suficiente si seguimos justificando las conductas ilícitas porque aparentemente benefician a alguien en lo inmediato.

Los mexicanos no podemos resignarnos a que nuestra reputación colectiva sea definida por los corruptos, los delincuentes o los funcionarios que traicionan la confianza pública. El país real es mucho más grande que ellos. Pero para demostrarlo, debemos dejar de tolerar aquello que tanto daño nos ha causado.

Porque mientras unos cuantos obtienen ganancias ilegales, millones de mexicanos terminamos pagando la factura de la corrupción. Y esa factura, como hemos comprobado durante décadas, siempre resulta demasiado cara.