Por Jaime Santoyo Castro

La reciente aprobación de la reforma a la Ley del Notariado del Estado de Zacatecas obliga a una reflexión profunda, no desde la óptica de un gremio, sino desde el interés general y la defensa de la seguridad jurídica. Lo que está en juego no es un procedimiento administrativo ni una prerrogativa profesional: está en juego la fe pública, uno de los pilares más delicados del Estado de Derecho.

El notario no es un servidor público común ni un cargo de confianza política. Es un profesional del derecho investido de una función pública técnica, cuya principal misión es otorgar certeza jurídica a los actos más trascendentes de la vida social: la propiedad, la familia, la herencia, el crédito, la empresa. Por esa razón, el acceso al notariado en ha estado históricamente sujeto a criterios de mérito, formación previa y evaluación objetiva, no a decisiones discrecionales y en Zacatecas se consagró en ley desde 1986.

La reforma aprobada rompe con ese principio al permitir la designación directa de notarios por parte del titular del Poder Ejecutivo, bajo una noción vaga de “necesidad del servicio”, pero si tal necesidad fuera cierta, ello no sería impedimento para nombrar notarios cumpliendo los requisitos previamente establecidos, pues la necesidad del servicio no excluye la calidad del servicio. El problema no es solo la excepción; el problema es la discrecionalidad. Cuando la ley no define con claridad qué constituye esa necesidad, ni establece parámetros técnicos para evaluarla, se abre la puerta a que la fe pública dependa del juicio personal del gobernante en turno. Y cuando eso ocurre, la fe pública deja de ser institucional para volverse política.

Más preocupante aún es que la reforma elimina requisitos formativos esenciales. Se suprime el paso de que el o la interesada adquiera previamente la calidad de aspirante, que implica un año de prácticas en una notaría y un examen de conocimientos para poder participar en una convocatoria a una plaza de notario en examen por oposición; y lo más absurdo e inaceptable es que se permite que la capacitación ocurra después de otorgada la patente. Es decir, primero se concede la fe pública y luego se aprende a ejercerla. Este diseño normativo invierte la lógica más elemental de cualquier función especializada. Nadie aceptaría que un médico, un maestro o un auditor empiece a ejercer sin haber demostrado previamente su competencia. Con el notariado debería ser exactamente igual.

Se ha dicho que la reforma busca agilizar el servicio notarial y responder a una mayor demanda social. Sin embargo, no se presentó ningún estudio técnico serio que demuestre que el problema radique en el número de notarios. La lentitud en los trámites puede obedecer a múltiples factores: deficiencias en los registros públicos, cargas burocráticas excesivas, falta de digitalización o problemas de coordinación institucional. Reformar una institución sin diagnóstico es legislar a ciegas.

El proceso legislativo tampoco ayudó a disipar las dudas. Durante la discusión en lo general, ninguna diputada ni diputado subió a tribuna para defender la iniciativa. Ni siquiera quienes la suscribieron o dictaminaron. En contraste, hubo votos en contra razonados de parte de los legisladores del PRI, del PAN y del PT; sustentados en argumentos jurídicos y en la defensa del interés social. Ese silencio es revelador: una reforma de esta magnitud debería poder sostenerse con razones claras, públicas y verificables.

El mayor riesgo de esta reforma es la politización del notariado. La figura del “notario del sexenio”, designado por cercanía al poder y no por mérito, es una práctica que México ha intentado dejar atrás. Revivirla debilita la confianza ciudadana, incrementa el riesgo de actos defectuosos y expone al Estado a litigios y responsabilidades patrimoniales.

Modernizar el servicio notarial es necesario. Agilizar trámites también. Pero nada de eso justifica debilitar los principios que garantizan la certeza jurídica. La seguridad jurídica no se construye con atajos, sino con instituciones sólidas, profesionales e independientes.

Por eso, más allá del debate político, esta reforma merece una revisión seria. La fe pública no admite improvisaciones. Cuando se debilita, no pierde un gremio: pierde la sociedad entera.

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