Las protestas de productores de frijol que agricultores de Jerez, Tepetongo y Villanueva comenzaron a visibilizar al denunciar corrupción en los centros de acopio e imposibilidad de vender su cosecha al precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, escalaron esta semana a nivel estatal con bloqueos carreteros, toma de edificios federales y la amenaza de un paro nacional.

Desde el lunes, productores de al menos diez municipios tomaron casetas de peaje, bloquearon el Bulevar Metropolitano de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe con tractores y camionetas, y ocuparon oficinas del SAT, CONAGUA, SADER, CFE, la Delegación de Bienestar y la Secretaría de Finanzas. El jueves, el conflicto alcanzó su punto más crítico cuando cerraron la Carretera Federal 45 en la salida a Fresnillo e irrumpieron en las oficinas de Alimentación para el Bienestar en busca de Ángel Mario Olais Ávila, jefe de la Unidad Operativa, quien no se encontraba. Durante los bloqueos se registraron confrontaciones entre automovilistas y manifestantes.

El reclamo es el mismo que expresaron los productores de la región sur: el sistema de acopio beneficia a intermediarios o «coyotes» —que pagan entre 5 y 8 pesos por kilogramo— mientras los pequeños productores no logran ingresar su grano. Los campesinos exigen la reapertura de centros de acopio, la entrega de 100,000 costales y la eliminación de intermediarios. «Aunque aumenten las toneladas, sabemos que no vamos a entrar, el acopio sigue beneficiando al coyotaje», expresó un productor de Villa de Cos.

Los productores anunciaron un paro nacional en la Ciudad de México a partir del lunes 23 de marzo. «No tenemos nada que perder. Es más fuerte el hambre y el coraje que cualquier desgaste», advirtieron. «Estamos solos, no hay quién nos escuche, ni diputados, ni senadores, ni autoridades han atendido esta problemática», señaló el dirigente Isaías Castro Trejo.

El gobernador David Monreal anunció una ampliación del programa de acopio a 96,000 toneladas, cifra que omite que la cosecha estatal ronda las 400,000 toneladas,por lo que más de 300,000 quedarían fuera del programa y sin comercialización justa.

El anuncio no logró frenar las protestas ni los bloqueos: no es la primera vez que los productores escuchan esta clase de anuncios grandilocuentes que rara vez se traducen en soluciones concretas para el campo; para los campesinos, la palabra del gobernador hace tiempo que dejó de tener valor alguno.