Con datos del INEGI, la tasa de participación laboral de nuestro país fue de 58.8% en agosto, la menor desde septiembre de 2021, alrededor en la tercera ola de covid durante la pandemia.

La baja de los últimos años es preocupante, ya que alrededor de 2.2 millones de personas han salido del mercado laboral en los últimos 12 meses.

El personal ocupado retrocede 0.34% anual, principalmente por un debilitamiento del empleo formal que cae 1.5% según el ENOE, y solo un avance de 0.6% del empleo informal.

Tabasco (4.5%), Coahuila (4.3%) y Ciudad de México y Edomex (4%) son las entidades federativas con mayores tasas de desempleo. Llama la atención que la capital presente un desempleo mayor al promedio de la economía.
Un aspecto silencioso del mercado laboral es el aumento de la población no activa, que confirma la baja de la tasa de participación.

Edomex, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Sinaloa y Puebla son los estados con la mayor salida de trabajadores en números absolutos del mercado laboral. La baja en la producción de manufacturas, inseguridad y posiblemente un efecto indirecto de los programas sociales en la disposición para trabajar en condiciones de inseguridad, provocan una menor participación laboral.

El deterior del mercado laboral no debe menospreciarse. El empleo es una variable líder en el ciclo de negocios, que suele anticipar fases recesivas.
Su caída implica menor crecimiento y recaudación tributaria, así como pérdida de capital humano.

La mejora en la seguridad debe ser prioridad en las políticas públicas y en la asignación del presupuesto federal y a nivel local, ante la evidencia de menor actividad económica en entidades con altos índices delictivos.

En la encuesta a especialistas de Banco de México sobre las causas que obstaculizan el crecimiento económico, aparece la inseguridad y otros problemas del estado de derecho como las principales respuestas.