Médico Antonio Sánchez González

A quienes nacimos después de la mitad de los años sesenta —y que hoy peinamos canas rondando las seis décadas de vida— la memoria no nos llega por los libros de texto gratuitos ni por los discursos de tribuna; a través de observar los trabajos que tuvieron que pasar nuestros padres para, como se decía, darnos un futuro mejor, nos llegó por la piel, por la banqueta y por la indignación. No hace falta hacer un esfuerzo descomunal de memoria para evocar aquellos años en que votar, como en nuestra primera vez, era en el mejor de los casos, un trámite de ventanilla gubernamental y, en el peor, una farsa consumada donde la Secretaría de Gobernación era juez, parte y verdugo de la voluntad popular.

Teníamos apenas la credencial de elector recién estrenada —aquella sin fotografía, casi simbólica— cuando el verano de 1988 nos estalló en las manos. La famosa «caída del sistema» no fue una metáfora tecnológica: fue el portazo en las narices a una juventud que despertaba al anhelo democrático. Vimos, en las décadas siguientes, cómo costó tumultos en las calles, sangre, sudor cívico y larguísimas mesas de concertación arrancar la organización de los comicios de las garras del poder en turno. Vimos nacer al IFE en 1990 y celebrar su autonomía plena en 1996. Para nosotros, tener una credencial con fotografía y ver al vecino de enfrente contando los votos no fue una concesión graciosa del régimen; fue una trinchera ganada a pulso.

Por eso, el espectáculo que hoy rodea al Instituto Nacional Electoral no nos puede resultar indiferente, ni prestarse a consignas simplistas de coyuntura. En las sobremesas zacatecanas -en las de todo el país- de nuestra generación se cruzan dos miradas que, aunque parezcan irreconciliables, nacen de la misma raíz: el desencanto y la experiencia.

De un lado están quienes ven en las presiones presupuestarias, los relevos en el Consejo General y el asedio verbal una peligrosa regresión autoritaria. Tienen razones de peso: conocemos demasiado bien los tics del presidencialismo sin contrapesos como para no encender las alarmas cuando se pretende someter al árbitro. Para la mirada de mi generación, el costo de las elecciones no es despilfarro, sino la costosa póliza de seguro que México tuvo que pagar para desterrar el fraude institucionalizado y garantizar la paz social.

Del otro lado, sin embargo, asiste la razón a quienes, desde nuestra misma camada, contemplan la escena con amargo pragmatismo. La alternancia del año 2000 no trajo la tierra prometida; con los años, el árbitro electoral se fue aburguesando con sueldos exorbitantes, cuotas partidistas y una burocracia que terminó teniendo piel dorada y alejándose del ciudadano de a pie. No faltan los argumentos de quienes consideran que exigir austeridad, transparencia y sobriedad republicana a la cúpula electoral no es dinamitar la democracia, sino limpiarla de excesos que resultan insultantes en una entidad tan castigada y desigual como la nuestra.

Pero, a los unos y los otros, nos toca no olvidar que en estos últimos 50 años aprendimos, creo, que la garantía de que una elección funcione nunca ha estado en las camionetas blindadas de los consejeros en Insurgentes Sur; siempre ha estado en el vecino de la colonia, en el maestro rural, en la comerciante del tianguis que se pasa doce horas contando boletas en la casilla de la escuela primaria. A ellos es a los que hay que respaldar. A los ciudadanos. A nosotros.

¿Qué nos toca pensar, entonces, a los que ya vimos pasar tantas tormentas? Ni la defensa ciega de privilegios burocráticos ni la complacencia ante el desmantelamiento de contrapesos.

Nuestra generación tiene una responsabilidad impostergable frente a los jóvenes que hoy dan por sentada la certeza del voto: ser el antídoto contra la desmemoria. Debemos recordarles que las urnas transparentes no cayeron del cielo, pero también advertirles que las instituciones que no se corrigen terminan pudriéndose. Defender al INE no es santificar a sus funcionarios de turno; es preservar la garantía de que el poder siga cambiando de manos pacíficamente, sin que nadie —absolutamente nadie— vuelva a ser dueño del conteo final, como ya fue, de nuevo, en las últimas elecciones.