Jaime Santoyo Castro

Una vez más, los medios de comunicación han puesto bajo el escrutinio público hechos que obligan a cuestionar la eficacia de los mecanismos de vigilancia y control de nuestras instituciones. Ahora le ha correspondido al Instituto Nacional Electoral, una de las instituciones más importantes para la vida democrática de México.

Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y actuaciones de funcionarios durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del INE, han provocado una crisis institucional que va mucho más allá de la conducta de una sola persona.

Y ante estos acontecimientos surge una pregunta que merece una respuesta clara y convincente: ¿qué hacían los otros diez consejeros electorales mientras ocurrían los hechos que hoy se investigan?

No se trata de responsabilizarlos anticipadamente, ni de suponer que todos conocían lo que sucedía. Se trata de preguntarnos si cumplieron oportunamente con sus atribuciones de vigilancia y dirección institucional.

Porque el INE no es una dependencia que deba funcionar conforme a la voluntad de una sola persona. Su máximo órgano de dirección es un Consejo General integrado por once consejeros, incluida su presidencia, cuya existencia responde precisamente a la necesidad de adoptar decisiones colegiadas, establecer contrapesos y garantizar el cumplimiento de la ley.

El artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece expresamente, entre sus atribuciones, vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y conocer sus actividades, así como solicitar los informes que considere necesarios.

Entonces, ¿qué información recibían? ¿Qué informes solicitaron? ¿Qué irregularidades detectaron? ¿Qué hicieron para corregirlas?

Ciertamente, algunos consejeros habían expresado públicamente inconformidades y advertencias sobre determinadas decisiones administrativas. Eso debe reconocerse. Pero también resulta necesario conocer qué seguimiento tuvieron esas observaciones y si existían mecanismos suficientes para impedir que las prácticas cuestionadas continuaran.

El propio Órgano Interno de Control informó que desde mayo de 2025 inició investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones. A finales de octubre de 2026 reportó dieciocho expedientes, cinco de ellos ya en procedimientos de responsabilidades administrativas.

Es decir, no estamos hablando únicamente de sospechas surgidas de un día para otro.

Y aquí aparece otra pregunta: ¿de qué sirven tantos órganos de vigilancia, auditorías, contralorías, comisiones y estructuras administrativas si las irregularidades no se detectan y corrigen oportunamente?

Los mexicanos destinamos enormes cantidades de recursos públicos para sostener instituciones que deben garantizar la legalidad y transparencia de la administración. Sin embargo, con demasiada frecuencia, conocemos posibles abusos no por la eficacia de los mecanismos internos de control, sino por investigaciones periodísticas que terminan obligando a las autoridades a reaccionar.

Pareciera que los medios de comunicación se han convertido en los verdaderos detonadores de la rendición de cuentas.

Lo ocurrido en el INE merece una reflexión particularmente seria. Después de difundirse los señalamientos y producirse la renuncia de su presidenta, el Consejo General emprendió revisiones administrativas, adoptó medidas para preservar documentación y promovió la intervención de las autoridades competentes.

El Instituto incluso presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen posibles conductas delictivas.

Son actuaciones institucionales importantes, pero que no eliminan la necesidad de revisar qué sucedió anteriormente.

¿Por qué hubo que esperar a que el problema alcanzara semejante dimensión pública para adoptar medidas extraordinarias? ¿Cuáles fueron los obstáculos que impidieron actuar antes? ¿Quiénes conocían los hechos y quiénes tenían atribuciones para intervenir?

Desde luego, corresponde a las autoridades investigadoras determinar responsabilidades concretas, respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. La responsabilidad de los consejeros no puede presumirse por el solo hecho de pertenecer al órgano colegiado.

Pero tampoco podemos aceptar que la vigilancia institucional se reduzca a una función decorativa.

Los órganos de control no fueron creados para explicar los daños después de consumados, sino para prevenirlos, detectarlos y evitar que continúen.

La sociedad tiene derecho a saber no solamente quién pudo cometer una irregularidad, sino también si fallaron los mecanismos que debían advertirla y corregirla.

El INE tiene la delicadísima responsabilidad de garantizar la confianza de los ciudadanos en las elecciones. Por eso, su credibilidad también depende de la transparencia con que administra sus recursos y de la capacidad de sus autoridades para rendir cuentas.

No basta con cambiar funcionarios, anunciar investigaciones o prometer que ahora sí habrá vigilancia.

Es indispensable conocer qué ocurrió, quiénes intervinieron, qué controles funcionaron, cuáles fallaron y qué medidas impedirán que los hechos se repitan.

Porque una institución que exige legalidad, transparencia y rendición de cuentas a los partidos políticos y a los participantes en los procesos electorales debe ser la primera en observar esos principios.

Y mientras todo eso se esclarece, queda una reflexión que no deberíamos ignorar: si los medios de comunicación no hubieran exhibido las presuntas irregularidades, ¿habrían reaccionado con la misma determinación los órganos encargados de vigilar al INE?

Esa es una pregunta que la sociedad merece ver respondida.