Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) realizó una auditoría al programa de becas Benito Juárez, en la cual encontró varias irregularidades.

Se detectaron pagos de 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no se pudieron validar ante el Registro Nacional de Población en 2024 y 2025. El reporte señala que en 2024 el Banco del Bienestar no entregó 95 mil 960 tarjetas; de ellas, 94 mil 251 aparecen activas, pese a la estricta regla de la Cuarta Transformación según la cual estas sólo se activan una vez entregadas al beneficiario.

A mil 78 de estas tarjetas se les dispersaron 8.6 millones de pesos.
En esta misma auditoría se señalaron otras irregularidades en recursos federales, como en gastos en infraestructura hospitalaria, donde hubo un monto de 751.4 millones de pesos que no se pudo comprobar; 716.5 millones en agua potable, y en obras públicas, 161 hallazgos de este tipo por 979.5 millones.

Como antecedente, cabe resaltar que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, antes de fallecer había denunciado públicamente que existían 600 mil beneficiarios fantasmas en la nómina de la prestación de adultos mayores en México.

De acuerdo con Urzúa, esto implicaba la fuga de 50 mil millones de pesos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien presumía en su repetitivo discurso que en su administración no había corrupción.

Este panorama evidencia también la necesidad de contar con organismos de transparencia que verifiquen de manera independiente a quién llegan los recursos públicos y cómo se ejercen. Si los mecanismos de control no lograron impedir que se activaran tarjetas sin entregar ni que se pagara a beneficiarios no validados, ¿qué garantías tienen los ciudadanos de que el dinero de los programas sociales llega a quienes realmente lo necesitan?

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública respondió que dicha investigación sigue en curso y que, por ello, las instituciones señaladas aún no han presentado la documentación correspondiente.