Jaime Santoyo Castro

¿Qué estará pasando en nuestro país?

Resulta verdaderamente preocupante escuchar con cierta frecuencia en las noticias que presidentes municipales, directores o secretarios de seguridad pública y elementos de corporaciones policiacas son detenidos e investigados por su presunta participación en delitos que, paradójicamente, tenían la obligación de prevenir y combatir.

El problema no es menor ni puede reducirse a decir que se trata simplemente de servidores públicos que traicionaron la confianza depositada en ellos. Estamos frente a algo mucho más grave: la posible penetración de la delincuencia en estructuras creadas precisamente para proteger a la sociedad.

Las cifras conocidas recientemente obligan a reflexionar. El Gobierno Federal informó el pasado 8 de septiembre que, mediante la llamada Operación Enjambre, habían sido detenidos 111 funcionarios públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas, entre ellos presidentes municipales. Los casos investigados comprenden conductas relacionadas con extorsión, secuestro, robo y posibles redes de protección institucional.

La detención de quienes presuntamente han quebrantado la ley debe reconocerse como una acción de las instituciones encargadas de perseguir los delitos. Pero sería un error conformarnos con celebrar las detenciones. La pregunta de fondo es otra: ¿cómo llegaron esas personas a ocupar cargos desde los cuales podían disponer de policías, información, armas, patrullas, recursos públicos y conocimiento privilegiado sobre las estrategias de seguridad?

Y todavía más: ¿cuánto tiempo permanecieron ahí antes de ser descubiertos?

Porque una cosa es enfrentar a un delincuente desde fuera de las instituciones y otra, mucho más peligrosa, descubrir que eventualmente puede encontrarse dentro de ellas.

El ciudadano que denuncia una extorsión, un secuestro, un robo o una amenaza acude a la autoridad porque supone que encontrará protección. Proporciona nombres, domicilios, teléfonos, circunstancias y datos que muchas veces comprometen su propia seguridad. ¿Qué ocurre cuando comienza a sospechar que esa información puede terminar en manos de aquellos a quienes denunció?

Entonces aparece un daño quizá tan peligroso como el propio delito: la desconfianza.

Cuando la sociedad deja de confiar en su policía, deja de denunciar. Cuando deja de denunciar, aumenta la impunidad. Y cuando crece la impunidad, la delincuencia encuentra el terreno propicio para extenderse.

Se forma así un círculo perverso: el ciudadano tiene miedo del delincuente, pero también comienza a tener miedo de acudir ante quien debería defenderlo.

No podemos, desde luego, generalizar. Sería profundamente injusto afirmar que todos los presidentes municipales, funcionarios o policías actúan de esa manera. Miles de servidores públicos cumplen diariamente con su responsabilidad y muchos policías arriesgan – y algunos pierden – la vida enfrentando a la delincuencia. Precisamente por ellos resulta indispensable separar de las instituciones a quienes utilizan un uniforme, una placa o un cargo público para proteger intereses criminales.

La autoridad tiene una enorme responsabilidad, pero también los partidos políticos deben asumir la suya.

No basta ganar elecciones. Antes de postular candidatos a presidentes municipales y entregarles la posibilidad de gobernar comunidades enteras, los partidos deberían fortalecer sus mecanismos de revisión de antecedentes, trayectorias, relaciones e intereses. Y una vez en el gobierno, los controles de confianza no pueden limitarse a los policías: deben existir mecanismos eficaces de vigilancia patrimonial, rendición de cuentas y supervisión sobre quienes toman las decisiones en materia de seguridad.

Tampoco basta detener a un alcalde o a un jefe policiaco y presentar el caso ante los medios. Hay que investigar la red completa: quién lo protegía, quién colaboraba con él, quién se beneficiaba, quién sabía lo que estaba ocurriendo y guardó silencio y, sobre todo, cómo logró infiltrarse o utilizar una institución pública para favorecer intereses ilícitos.

Combatir al crimen organizado significa también impedir que encuentre refugio dentro del poder público.

Porque cuando un delincuente amenaza a la sociedad, tenemos un problema de seguridad; pero cuando quien debería combatirlo utiliza presuntamente el poder del Estado para protegerlo o colaborar con él, tenemos además un problema institucional.

Y entonces la pregunta deja de ser solamente quiénes son los delincuentes.

La pregunta verdaderamente inquietante es:

¿Quién nos cuida de quienes tienen la obligación de cuidarnos?