La deuda pública de México mantiene una trayectoria ascendente y podría alcanzar cerca del 55% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2028, de acuerdo con una estimación de Moody’s Ratings, que es una especie de “semáforo financiero” que muestra qué tan confiable es una empresa o un gobierno para cumplir con sus compromisos de deuda.

Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de crédito de la calificadora, señaló que la deuda del Gobierno Federal pasó de representar alrededor de 40% del PIB en 2023 a 49.3% en 2025, mientras que el escenario base de Moody’s contempla que continúe aumentando hasta aproximarse al 55% en los próximos dos años.

La advertencia se da después de que Moody’s redujera la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3, último nivel dentro del grado de inversión, debido principalmente a las dificultades para reducir el déficit, la rigidez del gasto y la presión que representa el apoyo financiero a Pemex.

El costo financiero representa una presión creciente para las finanzas públicas. Según Merino, actualmente el Gobierno mexicano destina alrededor de 17% de sus ingresos al pago de intereses de la deuda, frente a entre 10% y 11% en 2021.

Tomando el SHRFSP (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público), que Hacienda y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas consideran la medida más amplia de la deuda pública, México pasó de 44.9% del PIB en 2018 a 51.4% en 2024, un incremento de 6.5 puntos porcentuales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En pesos corrientes, el saldo pasó de aproximadamente 10.55 billones a 17.42 billones de pesos.

El dato permite dimensionar el incremento, aunque no es directamente comparable con el 49.3% de 2025 citado por Moody’s, ya que se trata de indicadores distintos: el SHRFSP es una medida más amplia, mientras que Moody’s se refiere en este caso a la deuda bruta del Gobierno Federal.