Dr. Arturo Gutiérrez Luna
Unidad de Estudios Jerezanos
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La inclusión electoral como política pública de justicia democrática

El INE ha presentado la Memoria gráfica y documental del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 como un instrumento para acercar a la ciudadanía al trabajo del organismo, enfatizando que se trata de la elección más grande de la historia de México y subrayando el valor de las imágenes y documentos como evidencia del esfuerzo institucional.

Paralelamente, la Guía gráfica sobre igualdad e inclusión y las infografías sobre acciones afirmativas describen la incorporación de medidas para garantizar la participación de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes residentes en el extranjero y otros grupos en situación de discriminación. 

Sin embargo, la inclusión no puede evaluarse exclusivamente en términos de diseño normativo. Siguiendo a Nancy Fraser, la justicia exige abordar simultáneamente la redistribución de recursos y el reconocimiento de identidades y experiencias históricamente desvalorizadas. En el caso mexicano, la agenda de inclusión electoral se sitúa en ese cruce entre redistribución y reconocimiento, pero enfrenta la dificultad de operar en un entorno de desigualdades persistentes: brechas sociales, territoriales, tecnológicas y culturales que no se resuelven con la sola implementación de cuotas o ajustes procedimentales.

Acciones afirmativas y paridad: avances y límites

Las acciones afirmativas mandatadas por el INE para el proceso 2023-2024 establecieron obligaciones precisas para los partidos políticos en la postulación de candidaturas, por ejemplo para personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes. En la narrativa institucional, estas medidas se presentan como un hito en la construcción de un Congreso “más incluyente” y representativo, y efectivamente suponen un avance frente a etapas anteriores en que la diversidad del país quedaba escasamente reflejada en los órganos legislativos. 

No obstante, diversos análisis han señalado que las cuotas y acciones afirmativas están diseñadas, en buena medida, para favorecer la postulación, sin que ello garantice por sí mismo el acceso efectivo a los cargos ni la permanencia de una representación sustantiva. Como advierte la teoría de la representación, la presencia numérica es condición necesaria pero no suficiente para transformar las relaciones de poder: Hanna Fenichel Pitkin mostró tempranamente que la representación implica responder de manera responsable y sustantiva a quienes se dice representar, y no sólo reflejar su identidad en los números. 

Así, la agenda de inclusión electoral corre el riesgo de estabilizar una forma de “inclusión condicionada”, donde se amplía la puerta de entrada al sistema representativo, pero sin alterar de raíz las prácticas de poder que continúan reproduciendo desigualdades. Esta tensión coincide con las críticas de Iris Marion Young sobre la necesidad de pensar la inclusión no sólo como participación formal, sino como transformación de las estructuras institucionales que definen quién puede hablar, decidir y ser escuchado.

Grupos históricamente excluidos y condiciones materiales de  participación

Otro rasgo relevante del proceso concurrente 2023-2024 es el énfasis discursivo en la participación de grupos históricamente excluidos: personas con discapacidad, ciudadanía en prisión preventiva, mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, entre otros. El propio INE, en sus comunicados y materiales gráficos, ha subrayado la importancia de garantizar elecciones “sin discriminación” y con “paridad en todo”.

No obstante, la experiencia comparada muestra que la ampliación del catálogo de derechos y la multiplicación de dispositivos normativos no eliminan automáticamente las barreras materiales de participación. En el caso de personas con discapacidad, por ejemplo, la accesibilidad de casillas, materiales y plataformas tecnológicas sigue siendo desigual entre regiones; en el voto de residentes en el extranjero, los costos de participación y las brechas tecnológicas continúan siendo significativas; y en el caso de personas en prisión preventiva, la coordinación interinstitucional y los recursos disponibles condicionan fuertemente el alcance real de las medidas adoptadas. 

El caso mexicano ilustra la dificultad de alcanzar ese nivel. La agenda de inclusión en el proceso 2023-2024 marca un avance en el reconocimiento institucional de estos grupos; sin embargo, mientras las medidas sigan enfrentando obstáculos materiales significativos, la inclusión continuará siendo parcial y desigualmente distribuida entre territorios y sectores sociales.

Memorias gráficas y documentales: relato institucional y crítica de la representación

Las memorias gráficas y documentales que el INE ha presentado en distintas entidades (Jalisco, Estado de México, Tabasco, entre otras) describen el proceso electoral concurrente 2023-2024 como un esfuerzo extraordinario de organización y participación, subrayando los desafíos logísticos y la importancia de la colaboración entre autoridades, partidos y ciudadanía.¹⁵ Estas obras reúnen imágenes, cronologías, estadísticas y documentos que buscan mostrar cómo se desarrolló la elección, y en buena medida funcionan como dispositivos pedagógicos para acercar el quehacer electoral al público.  centralelectoral.ine+2

Esta dimensión narrativa debe ser objeto de análisis historiográfico y político. La historiografía crítica ha mostrado que toda memoria oficial implica decisiones sobre qué recordar y cómo hacerlo; por ello, las memorias gráficas del proceso 2023-2024 pueden leerse como fuentes para reconstruir el trabajo del INE, pero también como textos que requieren ser contrastados con otras voces y experiencias. De este contraste pueden surgir preguntas importantes: ¿qué experiencias de exclusión o dificultades de participación quedan fuera del marco visual e institucional?, ¿cómo se representan, o se silencian, los conflictos relacionados con la accesibilidad, la discriminación o la violencia política?, ¿qué lugar ocupan los sujetos colectivos en estas narraciones?

Aquí la teoría de la representación vuelve a ser pertinente: Hanna Pitkin y, más tarde, muchos autores han subrayado que representar significa también hablar “por” otros, construir imágenes de ellos y decidir qué aspectos de su experiencia se visibilizan. Las memorias institucionales sobre inclusión electoral, por tanto, son una forma de representación narrativa que debe ser sometida a crítica, para evitar que la inclusión se convierta en un relato autosatisfecho que no problematiza suficientemente sus propios límites.