Por Irene Escobedo

Es bien sabido que el sistema de justicia en México siempre llega arrastrando los pies, con retraso en la administración de justicia, con sentencias y juicios indefinidos que afectan también a las familias, principalmente a aquellas víctimas de violencia vicaria, donde los olvidados históricamente han sido los menores de edad. Las reglas del juego cambiaron y por fin los menores adquieren protagonismo ante la ley.

Los hijos ya no serán tan solo el medio o el instrumento para que los padres entablen demandas. Ahora serán víctimas directas de violencia vicaria, de modo tal que no solo la madre tendrá el reconocimiento de víctima.

Históricamente, en México la violencia vicaria se juzgaba enfocándose totalmente en el daño hacia la madre. El impacto psicológico, emocional y hasta físico sufrido por los hijos servía como prueba, pero después quedaba invisibilizado.

Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado primero de julio, determinó que los niños también son personas a las que se les violan sus derechos y se les lastima.

Qué significa en términos legales: ahora los jueces están obligados a mirar en ambas direcciones, hacia la madre y hacia los niños, niñas y adolescentes, en quienes se analizarán traumas, manipulación y posible aislamiento.

El nuevo estándar de protección para menores prevé que cada niño involucrado en un conflicto de violencia vicaria tendrá su propio abogado, libre e independiente.

También tendrá voz y voto. El juez deberá determinar si el niño está siendo manipulado, y deberá redactar en la sentencia un apartado especial en lenguaje infantil para que el menor comprenda qué se decidió.

También se declaró inconstitucional quitar la patria potestad en automático. Ahora será motivo de un mayor análisis para determinar los riesgos reales.

Pero cuál es la realidad en México en materia de violencia vicaria. De acuerdo con el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en México, solo durante 2026 hay más de 5000 casos de violencia de este tipo, donde hay más de 11,000 niños atrapados en situaciones de manipulación, retención y violencia directa.

Con la modificación de la SCJN se espera que un mayor número de madres pierdan la patria potestad, ya que hasta ahora solamente el 2% de las afectadas por la violencia vicaria recuperan a sus hijos en México, enfrentándose además a un sinnúmero de desigualdades. La principal es el poder económico del 80% de los agresores, que cuentan con la autosuficiencia financiera para pagar defensores.

Casi todos los casos de violencia vicaria están precedidos por incumplimiento en el pago de pensión; el 95% incumple con el pago de pensiones alimenticias.

La tardanza y la ejecución de sentencias, que va de 1.5 a 3 años en las fiscalías locales, hace también que el proceso sea más difícil para las familias. De acuerdo con los expertos, las nuevas medidas permitirán que se abuse del sabotaje legal, pero también se frenará el estancamiento legal. Sin embargo, el principal aspecto que promueve el fallo de la Suprema Corte es frenar el uso desmedido de demandas cruzadas que finalmente alargan los procesos.

Para medir los primeros avances de esta novedosa y adelantada estrategia, habrá que esperar hasta finales de este año. El impacto estructural y profundo tomará entre dos o tres años, pero en asuntos legales y de justicia más vale tarde que nunca. Y aunque tome tiempo, los jueces ya no podrán ignorar el daño psicológico hacia los menores.

Tendrán que cuantificar el trauma, así como los gastos en terapias de atención emocional del menor.

Ahora la justicia, el reconocimiento a los niños como personas y la reparación del daño son ya una vía abierta para los menores.