Por Irene Escobedo

Cuando las madres buscadoras de Jalisco acudieron a Lagos de Moreno y descubrieron el horror, un campo “de exterminio” donde había restos calcinados, pertenencias, rastros inminentes de dolor, no había pasado mucho tiempo desde el momento de la denuncia -anónima- hasta el hallazgo del sitio, pues cuando llegaron “todavía salía humo’.

En qué conciencia, en qué país, en qué circunstancia se da cabida a un hecho tal. No es posible que solo a través de la labor de las incansables buscadoras y de la denuncia anónima se llegue a ubicar este tipo de atrocidades.

Solo en este país se pueden trasladar cuerpos, calcinarlos a campo abierto, generar movilización criminal, bloquear carreteras, sin que las autoridades lo adviertan, o lo permitan.

Y Lagos de Moreno no es sino la punta de un iceberg que tiene mucho de fondo. En Zacatecas por ejemplo, las buscadoras encontraron en estos días, esta misma semana, durante recorridos por Villa de Cos, una casa de tipo residencial totalmente perforada por balas y en el exterior un gran patio también con chimeneas humeantes que desde abajo de la tierra avisaban de la posible existencia de un crematorio clandestino.

Las buscadoras localizaron, avisaron y se retiraron. El resto del trabajo se lo dejaron a las autoridades y hasta ahí se sabe. No hay más datos.

¿Cuántos predios más habrá en similares condiciones, que no serán jamás descubiertos sino con la intervención de las madres buscadoras?

La labor de estas mujeres supera, y por mucho, la incapacidad institucional para prevenir, atacar y detectar la violencia. Las autoridades en tanto se siguen especializando en lo único y mejor que saben hacer: acordonar el lugar. Mientras no se les acabe la cinta plástica tendrán trabajo, mientras falte voluntad nos seguirán debiendo la justicia. El trabajo no se puede reducir a un simple trámite de acordonar una escena violenta.