Por Jaime Santoyo Castro

La invitación del gobernador David Monreal Ávila al obispo Sigifredo Noriega Barceló para integrarse a la Mesa de Construcción de Paz representa mucho más que un gesto protocolario o una señal de buena voluntad política.

En realidad, refleja uno de los momentos más delicados y complejos que vive Zacatecas: el reconocimiento implícito de que las instituciones gubernamentales, por sí solas, no han logrado reconstruir el tejido social roto por años de violencia, miedo y desconfianza ciudadana.

La decisión del mandatario abre una discusión legítima y necesaria. México es un Estado laico, y esa condición no debe ponerse en duda ni relativizarse. La separación entre Iglesia y gobierno es una conquista histórica que protege tanto a las instituciones públicas como a las religiosas.

Sin embargo, también es cierto que la realidad social muchas veces rebasa las definiciones jurídicas o ideológicas. Y en entidades como Zacatecas, donde amplias regiones han padecido inseguridad persistente, desplazamientos silenciosos y fractura comunitaria, la participación de actores sociales con arraigo moral y cercanía ciudadana puede convertirse en un elemento importante para reconstruir la confianza.

El obispo Sigifredo Noriega Barceló no llega a la Mesa de Construcción de Paz como experto en estrategia militar ni como operador político. Su incorporación tiene otro significado: representar una voz ética en medio de una crisis donde las cifras oficiales frecuentemente chocan con la percepción cotidiana de la población. Mientras los gobiernos hablan de estadísticas, reducciones porcentuales y operativos coordinados, miles de familias siguen viviendo con miedo, incertidumbre y cansancio emocional.

Ahí radica quizá el mayor valor simbólico de esta invitación. La Iglesia católica, más allá de las creencias particulares de cada ciudadano, conserva presencia territorial, contacto permanente con las comunidades y capacidad de escucha social. En muchos municipios, particularmente en los más pequeños o alejados, la parroquia sigue siendo un espacio de encuentro donde las personas expresan preocupaciones que rara vez llegan a las oficinas gubernamentales. Esa cercanía permite entender dimensiones humanas de la violencia que no siempre aparecen en los informes oficiales.
Durante años, las llamadas mesas de paz en distintas entidades del país se han concentrado principalmente en la lógica operativa: despliegues, patrullajes, coordinación policial y análisis de incidencia delictiva. Todo eso es indispensable, pero claramente insuficiente.

La violencia no solo destruye vidas; también erosiona la convivencia, normaliza el miedo y rompe vínculos comunitarios. Por eso la paz no puede construirse únicamente desde la fuerza pública. Requiere también reconstrucción social, atención emocional, recuperación de espacios comunitarios y liderazgo moral.

En ese contexto, la invitación de David Monreal parece reconocer que la seguridad necesita una dimensión humana que durante mucho tiempo quedó relegada. Y eso, políticamente, es relevante. Porque implica aceptar que la estrategia de pacificación no puede depender exclusivamente del aparato gubernamental ni reducirse a discursos oficiales optimistas.

Sin embargo, sería un error convertir esta incorporación en un acto meramente mediático. Zacatecas no necesita fotografías de unidad institucional; necesita resultados tangibles. La ciudadanía está cansada de ceremonias políticas que prometen coordinación mientras la percepción de inseguridad persiste en amplios sectores del estado. La presencia del obispo en la mesa tendrá sentido únicamente si se traduce en mayor sensibilidad hacia las víctimas, mejores mecanismos de prevención y una visión más amplia sobre las causas profundas de la violencia.

También es importante señalar que la participación de la Iglesia debe conservar independencia crítica. El riesgo de este tipo de acercamientos es que la autoridad religiosa termine funcionando como legitimadora automática de las acciones gubernamentales. Eso no beneficiaría ni al gobierno ni a la propia Iglesia. La utilidad de incorporar voces sociales radica precisamente en que puedan cuestionar, señalar errores y recordar constantemente que la paz verdadera no se mide solo en estadísticas criminales, sino en la tranquilidad cotidiana de las familias.

La crisis de seguridad que ha vivido Zacatecas dejó heridas profundas. Hay comunidades marcadas por el temor, jóvenes atrapados entre la falta de oportunidades y familias que aprendieron a convivir con la incertidumbre. Frente a ese escenario, cualquier esfuerzo de diálogo institucional merece atención. Pero también exige honestidad política. Ninguna mesa resolverá por sí sola problemas estructurales acumulados durante años.

La invitación hecha por David Monreal al obispo Sigifredo Noriega Barceló puede interpretarse como una señal de apertura y reconocimiento de la complejidad del problema. Ojalá sea también el inicio de una visión más amplia sobre lo que significa construir paz: no solo contener violencia, sino recuperar confianza, fortalecer comunidad y devolverle a la sociedad la sensación de que vivir sin miedo todavía es posible.