Por Jaime Santoyo Castro

Es profundamente lamentable observar el deterioro de la imagen de México en el exterior a causa de los innumerables actos de corrupción cometidos por personas físicas que, desde espacios de poder político, económico o administrativo, utilizan las instituciones públicas como instrumentos de beneficio personal y no como mecanismos de servicio a la sociedad.

La corrupción no tiene apellido institucional; tiene nombres y rostros concretos. Sin embargo, en el discurso cotidiano solemos caer en la peligrosa simplificación de culpar indiscriminadamente a las instituciones, a los gobiernos, a los partidos políticos, o incluso al propio país, cuando en realidad los responsables directos son individuos específicos que traicionan la confianza pública.

Es común escuchar frases como “todos los políticos son corruptos”, “todos los partidos politicos son iguales”, “el gobierno roba”, o “las instituciones no sirven”. Pero detrás de cada desvío de recursos, de cada contrato amañado, de cada acto de impunidad, existen personas concretas que toman decisiones, manipulan procedimientos y utilizan el poder para enriquecerse. Son ellos quienes deberían cargar con el desprestigio social y jurídico de sus actos, y no necesariamente las instituciones que representan.

Las instituciones, en esencia, son herramientas creadas para organizar la vida pública, impartir justicia, brindar seguridad, educar o administrar recursos. Cuando funcionan adecuadamente generan estabilidad y confianza; el problema surge cuando quienes las encabezan las prostituyen para fines personales. Ahí es donde nace el descrédito.

Lo más grave es que mientras unos cuantos cosechan fortunas, privilegios y beneficios indebidos, millones de mexicanos honestos terminan pagando las consecuencias del desprestigio nacional. El empresario que intenta hacer negocios legítimos en el extranjero enfrenta desconfianza; el migrante trabajador carga con estigmas injustos; el estudiante mexicano debe demostrar el doble de capacidad; y el ciudadano común termina señalado por actos que jamás cometió.

La corrupción de unos pocos termina afectando la dignidad colectiva de toda una nación.

Y lo más preocupante es que la normalización del discurso colectivo termina destruyendo la confianza social. Cuando se pierde la fe en las instituciones, en la política, en la justicia y en la autoridad, se abre la puerta al desencanto, al abstencionismo, al autoritarismo o incluso a la anarquía social. Una sociedad que deja de creer en sus instituciones queda vulnerable frente a cualquier forma de manipulación o populismo.

Por eso resulta indispensable aprender a diferenciar entre las instituciones y quienes temporalmente las ocupan. Criticar los abusos es correcto y necesario, pero también lo es identificar con precisión a los responsables y exigir sanciones personales, ejemplares y públicas. No basta con condenar abstractamente “la corrupción”; hay que señalar a quienes la ejecutan, a quienes la encubren y a quienes se benefician de ella.

México no puede seguir siendo un país donde unos cuantos cosechan los frutos del poder mientras toda la nación carga con los desprestigios.
La recuperación de la confianza pública exige justicia, transparencia y memoria social. Porque mientras los corruptos logren esconderse detrás de las instituciones, seguiremos castigando injustamente al país entero por las ambiciones de unos cuantos.