Por Jaime Santoyo Castro

La propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para construir un Servicio Universal de Salud, mediante el cual cualquier mexicano pueda recibir atención gratuita en el IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar sin importar su afiliación, merece ser vista como uno de los proyectos sociales más trascendentes de los últimos años. La ruta ya está trazada: abril de 2026 para la credencialización y enero de 2027 para la primera fase operativa.

En principio, la idea responde con puntualidad al mandato constitucional del artículo 4º, que reconoce el derecho humano a la protección de la salud. No se trata de una concesión graciosa del poder, sino de una obligación del Estado mexicano y a eso responde el objetivo de esta propuesta presidencial.

Que un trabajador afiliado al IMSS pueda ser atendido en el ISSSTE, o que una persona sin seguridad social reciba servicios en cualquiera de estas instituciones, representa un avance civilizatorio importante, pues la protección de la salud no debe depender de la ventanilla burocrática que nos tocó, sino de la necesidad humana de ser atendidos.

Hasta ahí, la propuesta luce impecable.
Pero como ocurre con toda política pública seria, el verdadero debate no está en el qué, sino en el cómo.

La gran pregunta es la que muchos trabajadores, empresarios y servidores públicos ya empiezan a formularse: ¿quién va a pagar la atención de quienes no cotizan?

Porque no debemos perder de vista que el IMSS y el ISSSTE funcionan con base en cuotas y aportaciones. Los trabajadores asalariados, los patrones y el propio Estado sostienen financieramente esos sistemas. No son servicios gratuitos en sentido estricto; son servicios prepagados mediante contribuciones obligatorias, en los que ya de por sí existe cierto grado de solidaridad, puesto que los los jóvenes cotizantes, que casi no requieren de los servicios médicos, pagan por los viejos; los sanos por los enfermos, y los que más ganan por los que menos ganan, pero de alguna manera, todos contribuyen.

Por ello, es natural que surja la inquietud: si ahora cualquier persona podrá usar indistintamente estas instituciones, ¿se trasladará silenciosamente el costo hacia quienes sí aportan? O se establecerá un sistema de subrogación de costos?

La interrogante no es menor.
Si el diseño financiero no se define con precisión, podría generarse la percepción de que el trabajador formal termina pagando, además de su propia cobertura, la de quienes no contribuyen. Eso podría erosionar la legitimidad social del sistema.

Sin embargo, la universalidad de la salud sí puede sostenerse bajo una lógica de solidaridad nacional, siempre que el Estado asuma con claridad su papel financiero. La ruta correcta parece ser un esquema de compensación interinstitucional, una especie de caja nacional donde la Federación transfiera recursos a la institución que atienda a pacientes no cotizantes o provenientes de otra derechohabiencia.

Dicho de otra manera: sí puede existir solidaridad, pero no debe ser opaca ni improvisada.
Que el que tiene empleo formal contribuya al bienestar colectivo no sólo es legítimo, sino socialmente deseable; lo que no sería aceptable es que el costo recaiga de manera silenciosa y sin respaldo presupuestal suficiente sobre las cuotas de los asegurados.

La experiencia reciente del país nos ha enseñado que las buenas intenciones sin ingeniería financiera terminan en desabasto, saturación hospitalaria y frustración social.

Y aquí, en Zacatecas, el tema adquiere una dimensión todavía más sensible.
Nuestra realidad hospitalaria, la presión sobre clínicas del IMSS, la insuficiencia de especialistas, el déficit de medicamentos y la distancia que enfrentan miles de familias de municipios y comunidades para acceder a atención médica, obligan a que cualquier modelo universal venga acompañado de más presupuesto, más personal médico, mejor infraestructura y reglas claras de compensación.

De otra forma, el riesgo no sería la universalidad, sino la universalización de la saturación.
Por eso, el éxito del nuevo sistema no dependerá de la credencial o de la aplicación digital, sino de responder con absoluta transparencia tres preguntas: quién paga, cuánto paga y bajo qué reglas se compensa a cada institución.

La propuesta de la Presidenta Sheinbaun cumple cabalmente con la Constitución y honra el derecho humano a la salud.

Pero en estados como Zacatecas, donde la demanda supera con frecuencia la capacidad instalada, la verdadera prueba no estará en el anuncio, sino en la cama disponible, en el medicamento surtido y en el especialista que sí llegue a tiempo.

Porque en salud pública, la universalidad no sólo se proclama: se financia, se organiza y se garantiza en territorio.