Por Jaime Santoyo Castro

En el debate público reciente causó estupefacción una expresión en la que se dejó entrever un criterio de que los nacidos mediante fecundación in vitro no forman parte de la familia. Más allá de la intención con que haya sido expresada, la frase obliga a detenernos a reflexionar con serenidad sobre sus implicaciones jurídicas y humanas.

Conviene comenzar por una precisión elemental: cuando hablamos de personas nacidas mediante fecundación in vitro, no nos referimos a embriones conservados en un laboratorio ni a discusiones bioéticas sobre el inicio de la vida, sino a personas que han nacido, que tienen nombre, identidad, derechos y un lugar en la sociedad. Niñas y niños que viven en hogares reales, con padres, madres, abuelos, afectos y vínculos que constituyen precisamente lo que llamamos familia.

Desde el punto de vista constitucional, la cuestión no debería admitir demasiadas dudas. La Constitución mexicana prohíbe toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana. Esa prohibición no se limita a las categorías clásicas; alcanza también cualquier distinción arbitraria basada en el origen o condición de una persona. El modo en que alguien fue concebido, sea naturalmente o mediante técnicas de reproducción asistida, difícilmente puede convertirse en un criterio válido para negar su pertenencia a una familia.

La razón es sencilla: el derecho no clasifica a las personas por el procedimiento mediante el cual comenzaron a existir. Una vez que una persona nace, adquiere personalidad jurídica plena con todos los atributos reconocidos por el derecho y se integra a una red de relaciones familiares que el propio orden jurídico reconoce y protege. La filiación, la patria potestad, los derechos sucesorios y la identidad familiar no dependen del laboratorio o del quirófano, sino del vínculo jurídico y humano entre padres e hijos.

Además, la Constitución ordena al Estado proteger la organización y el desarrollo de la familia. Pero esa protección no se dirige a un modelo único o rígido de familia. La realidad social contemporánea muestra una diversidad creciente de formas familiares: familias formadas por adopción, por reproducción asistida, por madres o padres solos, por parejas del mismo sexo o por segundas nupcias. Todas ellas comparten un elemento esencial: la existencia de vínculos de cuidado, responsabilidad y afecto.

Desconocer la pertenencia familiar de quienes nacen mediante fecundación in vitro implicaría, en los hechos, sugerir que existen hijos de primera y de segunda categoría, y esa es precisamente la clase de distinción que el constitucionalismo moderno ha tratado de desterrar. La dignidad humana no admite gradaciones fundadas en circunstancias biológicas o tecnológicas.

Hay también un argumento de sentido común. Miles de parejas en el mundo recurren a técnicas de reproducción asistida porque desean profundamente formar una familia. El nacimiento de esos hijos no rompe la idea de familia; por el contrario, es el resultado del deseo consciente de crearla. Resulta paradójico sostener que quien fue buscado con tanta determinación no pertenece a la familia que lo esperaba.

La bioética y el derecho pueden, desde luego, discutir muchas cuestiones relacionadas con la reproducción asistida: la regulación de los embriones, los límites de la investigación científica, o los dilemas que plantean las nuevas tecnologías reproductivas. Es un debate legítimo y necesario. Pero una cosa es discutir los límites de la técnica y otra muy distinta es cuestionar la pertenencia familiar de quienes ya han nacido.

Al final, el problema de fondo no es científico ni médico, sino profundamente humano. Cada sociedad define qué entiende por familia y qué lugar otorga a sus hijos. El constitucionalismo contemporáneo ha respondido a esa pregunta con un principio simple pero poderoso: todos los hijos son iguales ante la ley y todos merecen la misma dignidad.

Negar esa igualdad no sólo sería jurídicamente insostenible; sería también moralmente injusto. Porque la familia; en su sentido más profundo, no se define por el método de concepción, sino por el vínculo de amor, responsabilidad y reconocimiento mutuo que une a quienes la integran y en ese espacio de pertenencia, ningún hijo debería quedar fuera.