Por José Guillermo P.H.

Hay problemas que se resuelven y problemas que se administran hasta que explotan. El basurero municipal de Jerez pertenece, sin ambigüedad posible, a la segunda categoría.

Lo que oficialmente se denomina «relleno sanitario» no es tal. Es un tiradero a cielo abierto que opera al 110% de su capacidad, sin control de lixiviados, sin captura de biogás, sin separación de residuos, sin cerco perimetral funcional. Un sitio donde se depositan alrededor de 60 toneladas diarias de basura sin más tratamiento que la gravedad y el olvido. Un sitio al que nos hemos acostumbrado últimamente a verlo arder y envenenar el aire.

El incendio de enero pasado debió ser la sacudida definitiva. El fuego consumió una parte significativa de la superficie del vertedero. El humo denso se instaló sobre colonias y comunidades durante días. Protección Civil recomendó cubrebocas a los vecinos —un gesto casi paródico ante la magnitud del problema—. El incendio se controló, se reactivó, y se volvió a controlar.

El alcalde Rodrigo Ureño ha hecho lo que se espera de un presidente municipal ante una crisis que lo rebasa: pedir ayuda. Solicitó formalmente la intervención del gobierno estatal. Entregó personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum un portafolio con 27 proyectos estratégicos, entre ellos el nuevo relleno sanitario. Tocó puertas. Siguió los canales institucionales.Y las puertas no se abrieron.

El gobierno de David Monreal ha dejado suficientemente claro, con hechos y con omisiones, que para Jerez no hay recursos, que de Jerez se acuerda únicamente en temporada de campañas. Así lo demuestran las prioridades presupuestales del estado, donde el municipio aparece consistentemente relegado. Del gobierno federal, la respuesta fue el silencio. El portafolio se entregó en mano a la presidenta y, hasta donde la evidencia pública permite constatar, ahí quedó.

Existe un proyecto ejecutivo desde enero de 2020. Contemplaba una inversión de 31.8 millones de pesos, un terreno de 2.72 hectáreas, una vida útil de nueve años, captura de biogás, canal de lixiviados y la clausura del tiradero actual. En aquel momento, se advertía que al basurero le quedaban seis meses de vida útil. Han pasado seis años.

El proyecto sigue siendo proyecto. No hay fecha de inicio ni financiamiento.

Esperar a que el gobierno estatal resuelva lo que no ha mostrado intención de resolver es una apuesta perdida; el gobierno estatal está demasiado ocupado intentado sacar al gobernador del sótano de las encuestas de aprobación —una tarea tan complicada que parece no dejar tiempo para otra cosa—.El gobierno municipal tiene la obligación de explorar todas las vías a su alcance: convenios intermunicipales, esquemas de inversión mixta, financiamiento a través de organismos internacionales de desarrollo, alianzas con universidades para el componente técnico, programas piloto de separación en origen que reduzcan el volumen de disposición final. Ninguna de estas opciones es sencilla. Todas son más viables que la espera.

Lo que está en juego es la salud de miles de personas que respiran lo que el basurero emite. Es el agua subterránea que recibe lo que el basurero filtra.

El basurero de Jerez no es un problema que pueda seguir posponiéndose. Es una bomba de tiempo. Y cada incendio, cada columna de humo visible desde cualquier punto de la ciudad, es muestra de que el reloj sigue avanzando.

La pregunta no es si va a explotar. La pregunta es quién va a asumir la responsabilidad cuando lo haga.