Por Jaime Santoyo Castro

En tiempos donde la forma parece haber desplazado al fondo, no deja de llamar la atención el esmero con el que algunos de nuestros representantes públicos cuidan su imagen.

Cabellos impecables, trajes a la medida, zapatos relucientes. Una estética pulcra, casi ceremonial, que pareciera querer proyectar al mundo la imagen de un país ordenado, elegante y funcional. La pregunta inevitable es: ¿esa pulcritud externa se refleja también en el ejercicio del poder? No sabemos si debemos agradecer a senadoras, senadores, diputadas, diputados y al propio Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mostrarnos un México bien peinado y bien boleado. Un México de gente bonita en cargos públicos, con vestimenta impecable y accesorios de alta gama. Quizá la intención sea transmitir seriedad institucional. Quizá solo sea vanidad.

En cualquier caso, la imagen no alcanza para ocultar la distancia entre lo prometido y lo cumplido. Antes de llegar a sus cargos, cuando eran candidatos y aspirantes, muchos ofrecieron honestidad, combate a la corrupción, seguridad, justicia, uso responsable de los recursos públicos, educación, salud, empleo, igualdad y trato digno para mujeres, niñas y niños. Una vez en funciones, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, así como proteger la soberanía y la libertad. Sin embargo, la percepción ciudadana – cada vez más extendida, – es que buena parte de esos compromisos se diluyeron en el confort del cargo.

Hoy observamos a servidores públicos más preocupados por sus ingresos, su vestimenta, su imagen personal, sus vehículos y su bienestar y el de sus círculos cercanos que por resolver los problemas estructurales del país. La política entendida como servicio parece haber sido desplazada por la política como escaparate.

Los hechos recientes no ayudan a mejorar esa percepción. La adquisición de vehículos blindados de alta gama para ministros de la Corte, aun cuando después se intente matizar o cancelar su uso ante la crítica pública, deja claro que el gasto ya se realizó. El mensaje es contundente: hay recursos para el lujo institucional, incluso cuando la austeridad es un discurso recurrente.

Más grave aún fue la escena; difícil de justificar en cualquier democracia, en la que dos colaboradores de la Corte, una mujer y un hombre, fueron exhibidos limpiando los zapatos del Ministro Presidente, mientras éste supervisaba con las manos en los bolsillos. Más allá de explicaciones posteriores, la imagen transmitió jerarquías humillantes, abuso simbólico del poder y una desconexión profunda con la dignidad que debería caracterizar al servicio público.

A ello se suma la existencia de salas de belleza dentro del Senado y la Cámara de Diputados, equipadas para que legisladores y personal privilegiado reciban tratamientos a costa del erario. No se trata de moralismo ni de oponerse al cuidado personal. El problema es la prioridad: cuando millones de ciudadanos enfrentan carencias en salud, educación o seguridad, estos lujos resultan ofensivos.

No estamos en contra de que nuestros representantes se peinen, se vistan bien o luzcan presentables. Lo que la ciudadanía espera y exige es que brillen por sus argumentos, por la solidez de sus decisiones, por su congruencia y por su compromiso real con las mejores causas de México. Que su prestigio no provenga del brillo del zapato, sino del peso de sus acciones.

Porque una nación no se construye con imagen, sino con resultados. Y esos, lamentablemente, no se pueden bolear.

Imagen generada por IA