Por Jaime Santoyo Castro

Mucho se ha dicho y opinado sobre cuál es el mejor sistema que pueden aplicar las autoridades municipales para la recolección de basura y desechos sólidos que se generan diariamente en los hogares. El debate suele centrarse en la capacidad operativa de los ayuntamientos – camiones, rutas, horarios, personal -, pero con frecuencia se pierde de vista un elemento esencial: la realidad social de la población a la que se debe servir.

Conviene recordar, antes que nada, que la recolección de basura es una función constitucionalmente asignada a los municipios. No se trata de una concesión graciosa ni de un favor administrativo, sino de una obligación pública básica vinculada directamente con la salud, el orden urbano y la dignidad de la vida cotidiana. En el cumplimiento de esta función, la autoridad municipal está llamada a poner al servicio de la ciudadanía todos los mecanismos posibles, con inteligencia, flexibilidad y sensibilidad social, atendiendo las muy diversas circunstancias de la gente.

Durante décadas – principalmente en épocas en las que la mujer permanecía mayoritariamente en el hogar, – era común que las amas de casa esperaran el paso del camión recolector para entregar personalmente la basura. El sistema funcionaba porque la dinámica social lo permitía: los horarios familiares coincidían con los recorridos municipales. Sin embargo, esa realidad quedó atrás.

Hoy, afortunadamente, vivimos en una sociedad distinta. Las mujeres se han incorporado plenamente a la vida productiva; madres, padres, jóvenes y adultos salen temprano de casa para trabajar, estudiar o emprender. La rutina diaria no permite esperar indefinidamente el paso del camión recolector. Por ello, la práctica generalizada y socialmente aceptada, consiste en dejar la basura debidamente embolsada o depositada antes de salir, confiando en que el servicio municipal cumplirá su recorrido en el horario anunciado.

Traigo este tema a colación porque recientemente comenzó a circular un documento que alude a supuestas disposiciones de un presunto reglamento, – cuya existencia legal es, cuando menos, dudosa – en el que se pretende que, en la ciudad de Jerez, la población espere en su domicilio para entregar personalmente la basura al camión recolector. Francamente, no queda claro si se trata de una broma de mal gusto, de una ocurrencia sin sustento técnico o de un intento deliberado por afectar la imagen de la administración municipal.

La sola idea de regresar a esa práctica no sólo representa una añoranza inútil de tiempos que ya no existen, sino que constituye un agravio a la ciudadanía y un riesgo para la salud pública. Obligar a la gente a modificar su agenda diaria para adaptarse a un servicio público – y no al revés – resulta socialmente insensible e institucionalmente equivocado. Cuando las personas no pueden esperar, la basura se acumula, se rompe, se dispersa y se convierte en un foco de contaminación que termina afectando a todos.

Este tema ha generado una preocupación innecesaria en la sociedad jerezana. Por ello, resulta indispensable que la autoridad municipal actúe con prontitud, claridad y responsabilidad. Para ello, pueden adoptarse medidas sencillas y efectivas, como: la difusión pública y permanente de rutas y horarios de recolección; la instalación de contenedores comunitarios en zonas estratégicas; la implementación de rutas diferenciadas para residuos orgánicos e inorgánicos; y la apertura de canales digitales y telefónicos para reportar fallas en el servicio, todo ello sin trasladar la carga del problema a la ciudadanía.

Por cierto, y más allá de este tema específico, resulta igualmente necesario atender otro problema cotidiano que afecta la imagen urbana y la salud pública: la gran cantidad de desechos que dejan los perros en banquetas y calles de Jerez, por donde transitan tanto habitantes como turistas. Frente a ello, sería deseable que el municipio impulse campañas permanentes de concientización sobre la tenencia responsable de mascotas; la colocación de dispensadores de bolsas biodegradables en parques y zonas turísticas; la habilitación de botes especiales para estos residuos; y la aplicación gradual y razonable de sanciones, privilegiando primero la educación cívica antes que la multa.

Finalmente, una política moderna de limpieza urbana exige corresponsabilidad. El municipio debe garantizar un servicio eficiente y confiable, pero la ciudadanía también debe asumir su parte con orden, respeto y compromiso. Programas de participación vecinal, jornadas comunitarias de limpieza y esquemas de incentivos para colonias limpias pueden fortalecer este vínculo y generar resultados visibles.

Jerez merece un gobierno que entienda que los servicios públicos deben adaptarse a la vida real de su gente, no imponerle cargas absurdas. Con sensibilidad, prudencia y madurez institucional, es posible mantener una ciudad limpia, ordenada y funcional, sin entorpecer el trabajo, el estudio ni la actividad productiva de sus habitantes. Sólo así Jerez seguirá luciendo limpia y grandiosa, como la ciudad que todos queremos y de la que legítimamente nos sentimos orgullosos.

Imagen generada por IA.