El INAI realizó investigaciones de oficio y resolvió cientos de casos de protección de datos personales en los ámbitos público y privado.

Durante la operación del INAI se tramitaron 173 mil 39 medios de impugnación: 22 mil 820 de protección de datos personales y 150 mil 219 de solicitudes de acceso a la información.

«Cuando existía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), una función sustantiva era proteger los datos personales de las y los mexicanos en los ámbitos público y privado, facultad que se cumplió según cifras, expedientes y resoluciones. Cientos de casos fueron atendidos, muchos de oficio, como demuestran los registros oficiales», afirmó Julieta del Río Venegas, excomisionada del INAI.

Agregó que recientemente se ha instalado una narrativa que sostiene que el INAI no investigaba de oficio o mantenía expedientes hasta su caducidad. Estas afirmaciones, subrayó, desconocen la realidad institucional y contradicen información pública, informes de ley y notas periodísticas documentadas.

Del Río Venegas señaló que se realizó una investigación de oficio por la presunta filtración de datos personales de periodistas que cubrían las conferencias matutinas del entonces presidente de la República, que pudo derivar en sanciones para la Presidencia.

Otro caso relevante fue la investigación de oficio por el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso antes de que la institución castrense informara oficialmente sobre la vulneración.

«Estos son algunos casos visibles por involucrar vulneraciones graves a datos personales cometidas por autoridades y particulares. En este último caso, los informes anuales entregados al Senado registran multas millonarias impuestas por el INAI, canalizadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público», aclaró.

Recordó que durante la operación del INAI se tramitaron 173 mil 39 medios de impugnación: 22 mil 820 de protección de datos personales, presentados con nombre, y 150 mil 219 de solicitudes de acceso a la información, que no requerían identificación del promovente.

Resulta preocupante, mencionó, que desde la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se afirme que el INAI no realizaba investigaciones de oficio o carecía de responsabilidad institucional. Estas declaraciones evidencian desconocimiento de las estadísticas y asuntos resueltos, disponibles en buscadores informativos y archivos periodísticos.

Más grave aún, agregó, es afirmar que existían expedientes «guardados» para su caducidad. De ser cierto, señaló, no debería ser información reservada: la autoridad debería informar qué expedientes eran, de qué trataban y bajo responsabilidad de qué comisionadas o comisionados se encontraban. De lo contrario, se trata de una narrativa sin sustento para desacreditar el pasado y justificar decisiones presentes.

«El INAI resolvió casos de protección de datos personales y realizó investigaciones de oficio. Cuando se determinaban sanciones contra sujetos obligados, la ley establecía dar vista a los Órganos Internos de Control. Que muchas sanciones no se materializaran no fue por falta de trabajo del Instituto, sino por un diseño legal que limitaba su capacidad sancionadora, especialmente frente a autoridades», aseguró.

Indicó que los informes que la ley obligaba a presentar siguen (o deberían seguir) públicamente disponibles. Defender el trabajo realizado, enfatizó, no es asunto personal, sino defensa de los hechos y del esfuerzo institucional de equipos técnicos y jurídicos altamente capacitados que trabajaron en beneficio de la ciudadanía.

El enfoque debería centrarse, señaló, en resolver las reservas de información pendientes, atender las filtraciones de datos personales y retomar las investigaciones de oficio, en lugar de construir una narrativa que distorsiona la historia y debilita la protección de un derecho fundamental.

Finalmente, advirtió que resulta especialmente incómodo que no se diga la verdad cuando los actuales directores encargados de la protección de datos personales en posesión de particulares, dentro de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, son extrabajadores del extinto INAI que dependían directamente de un comisionado. «La respuesta está dentro de sus propias oficinas», apuntó.

«Hoy todas y todos los mexicanos esperamos que hagan su trabajo y protejan nuestros datos personales, especialmente frente a proyectos como el padrón de telefonía celular», concluyó.