Por José Guillermo P.H.

Casi ocho millones de desplazados. Ejecuciones extrajudiciales. Violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El régimen de Nicolás Maduro dejó una estela de sufrimiento que exigía respuesta. Pero la respuesta que llegó plantea preguntas tan incómodas como el silencio que la precedió. Una intervención ilegal contra un dictador ilegítimo.

¿Cuál era la alternativa real? ¿Una rebelión interna con miles de muertos? ¿Que la dictadura se perpetuara indefinidamente mientras la comunidad internacional emitía condenas decorativas?

Lo ocurrido el 3 de enero no puede concebirse sin la colaboración del círculo interno de poder en torno a Maduro—el cual quedó intacto. Eso no puede ser casualidad. Levanta dudas legítimas sobre si realmente se dará el cambio de régimen que tanto añoran los venezolanos, pero también sugiere que el caos que vimos en Irak o Libia es menos probable.

Oona Hathaway, profesora de Derecho Internacional en Yale y presidenta electa de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, fue contundente en entrevista con The New Yorker: “No creo que haya una base legal para lo que estamos viendo en Venezuela… todos los argumentos que he escuchado hasta ahora no se sostienen”.

Lo que más alarma a la profesora es el precedente, y advirtió que si Donald Trump simplemente va a hacer lo que crea justificado basándose en su propio razonamiento, en lugar de seguir las normas internacionales, “la idea de que hay algún límite se evapora. (…) Si ese fuera el caso, es el fin del derecho internacional, es el fin de la Carta de la ONU, es el fin de cualquier tipo de límite legal al uso de la fuerza”.

Desde el ámbito jurídico mexicano, voces como el Dr. Jaime M. Del Río Navarro y la académica Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria han articulado defensas de la acción. El primero invoca la Fórmula Radbruch —base de los Juicios de Nuremberg— para argumentar que, ante injusticias extremas, “el Derecho no puede ser escudo para dictadores.” Padilla, por su parte, señala que las Convenciones de la ONU contra el narcotráfico y el crimen organizado habilitan la extraterritorialidad penal, y que invocar la soberanía es “anacrónico” cuando el Estado opera como estructura criminal.

Sin embargo, también hay quienes argumentan que las propias convenciones contienen salvaguardas explícitas: el Artículo 4 de la Convención de Palermo prohíbe “ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.” Y ninguna de ellas autoriza acciones militares unilaterales.

Pero este debate jurídico resulta casi irrelevante cuando el propio Trump declaró que no necesita el derecho internacional y que lo único que lo detiene es su propia moralidad.

Y ahí está el verdadero quiebre. Una nueva era donde la diplomacia se reemplaza abiertamente por la fuerza. Trump no menciona la democracia—ni siquiera finge, los intereses de Estados Unidos son los únicos que tienen prioridad, y si en el camino alguien más se beneficia o se perjudica, poco le importa. En este sentido, si el objetivo es el petróleo, ya está cumplido. Pero si el objetivo es geopolítico, Cuba podría ser la siguiente ficha de dominó en caer dentro de su estrategia para debilitar a China y Rusia.

El precedente es preocupante no solo para el derecho internacional —Taiwán o Ucrania— sino particularmente para América Latina, donde Trump ha resucitado la Doctrina Monroe, rebautizándola con su característico narcisismo como “Doctrina Donroe”.

La presidenta Sheinbaum debe malabarear entre los sectores duros de su movimiento que simpatizan con el castro-chavismo y un gobierno norteamericano que acaba de demostrar que la soberanía es negociable.

Para México será fundamental que la presidenta mantenga su legitimidad y fuerza. Quizás por primera vez desde que Morena llegó al poder, necesitarán de la oposición. Solo un país unido—en sensatez y racionalidad, no en ideología sectaria—puede hacer frente a semejante desafío.

Por ahora, Sheinbaum va en la cuerda floja. Y la va caminando. Pero no es la única que debería sentirse observada. Los poderosos coludidos con el crimen organizado—aquellos que se sienten intocables desde sus redes de complicidad—el 3 de enero presenciaron algo inquietante: si aún respiran aire fresco, es porque se los permiten.

Mientras tanto, en lugar de marchar por la libertad de los venezolanos, por exigir que se respete al pueblo y se cumpla con las expectativas de millones en el exilio y dentro de su país por una vida mejor, las izquierdas latinoamericanas marchan por la liberación de un dictador que causó casi ocho millones de desplazados. El tribalismo y sectarismo no pueden llevar a nada bueno.

Solo queda aguardar un futuro más promisorio para Venezuela. Lamentablemente, el destino de esa nación dejó de pertenecer a su pueblo hace mucho tiempo. El 3 de enero sólo cambió de manos.