Por Irene Escobedo

Quién se va de su casa lo hace obligado o por las condiciones económicas o por la situación del entorno de la vivienda, la falta de servicios, inseguridad, falta de empleo o de respuesta de las propias autoridades para la regularización de créditos de interés social.

Nadie en su sano juicio abandona un derecho como el de la vivienda. Las autoridades sin embargo hasta el día de hoy no han estado a la altura para aportar soluciones definitivas a favor de los trabajadores derechohabientes del Infonavit y del FOVISSSTE.

En este contexto resulta que los ganadores serán los invasores de vivienda, los paracaidistas que de manera abusiva llegaron a casas aparentemente abandonadas, pero que tienen dueño, propietario que acreditó debidamente sus derechos pero que ahora al parecer no tiene prioridad. Olvídese de si hay beneficiarios, escrituras, aportaciones realizadas, pagos, etc. De acuerdo con las nuevas disposiciones emitidas desde el gobierno Federal el orden de prelación establece que serán primero los invasores los que tengan derecho a la vivienda que ocupan.

Las estimaciones en números son dramáticas, hay dice los institutos que regulan la vivienda- alrededor de 600 mil viviendas abandonadas y muy probablemente ocupadas abusivamente. El censo de población y vivienda del INEGI 2020, cierra la cifra en 6 millones.

El gobierno no está valorando a priori que muchas de estas viviendas fueron construidas en zonas alejadas del lugar de trabajo de los acreditados o en lugares donde se dificulta la habitabilidad.

Los especialistas están aportando opiniones sobre el tema, urgiendo a la presidencia de la República a reconsiderar el orden de prelación para el otorgamiento de estas viviendas en renta o con derecho a compra, se dará legalidad a lo ilegítimo dejando de lado el derecho de quien sí lo trabajó.