El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte del Poder Judicial de la Federación ha aprobado la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en Zacatecas y otros 17 estados de México. Esta decisión se fundamenta en una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con la aprobación de la jurisprudencia obligatoria, los jueces que reciban amparos de personas procesadas por delitos que involucran la prisión preventiva de oficio deberán otorgar suspensiones provisionales para que puedan llevar a cabo sus procedimientos penales fuera de la cárcel.

La decisión del Pleno Regional se basa en las sentencias dictadas en noviembre de 2022 por la CoIDH en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez. En dichas sentencias, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano eliminar esta medida cautelar de las leyes vigentes, calificándola como contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.

La jurisprudencia será de aplicación obligatoria en los siguientes estados: Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Nayarit, Durango, Baja California Sur y Tlaxcala.

Esta decisión tiene un impacto significativo, ya que cerca de 800 personas concluyeron el año 2022 en cárceles de Zacatecas sin tener una sentencia condenatoria. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aproximadamente el 34% de las dos mil 358 Personas Privadas de su Libertad (PPL) en el estado no contaban con una condena.

De los 806 presos sin sentencia, 600 pertenecen al fuero común y 206 al fuero federal, según informó la dependencia estatal en respuesta a una solicitud de información.

La eliminación de la prisión preventiva oficiosa en estos estados se considera un paso importante hacia la garantía de los derechos humanos y el respeto al debido proceso en el sistema de justicia penal. Se espera que esta medida contribuya a la reducción de la población carcelaria y a una mayor efectividad en la impartición de justicia.