El Gobierno del Estado de Zacatecas ha presentado una iniciativa con proyecto de decreto para endurecer las penas contra los delitos de extorsión y el porte de armas punzo cortantes y artefactos ponchallantas. La propuesta, remitida por el Poder Ejecutivo, busca fortalecer la persecución del delito de extorsión de oficio cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de su ejecución en perjuicio de las actividades económicas o productivas del estado.

El proyecto de decreto, leído en el pleno del Congreso este jueves, establece penas de ocho a 16 años de prisión para los extorsionadores, además de una multa de cien a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento del delito.

La propuesta también incluye la adición del Artículo 261 Bis, que agrava las penas hasta en un 50% más cuando la víctima sea menor de edad, mayor de setenta años, carezca de la capacidad para comprender el hecho, padezca alguna enfermedad grave o terminal o sea una mujer embarazada.

En relación al porte de armas punzo cortantes, el proyecto busca imponer penas de cuatro a ocho años de prisión a aquellos que portan machetes, cuchillos, navajas, dagas u otros objetos punzocortantes, siempre y cuando no sean utilizados como instrumentos de trabajo legítimos.

Además, se pretende tipificar como «delito de atentados contra la seguridad de la comunidad» el porte de estrellas ponchallantas, petardos u otros artefactos explosivos.

Según la exposición de motivos presentada por la diputada Imelda Mauricio Esparza, la desesperación de las células delictivas ha llevado al uso de objetos como cuchillas, erizos, estrellas y otros dispositivos ponchallantas para evitar ser capturados por las autoridades policiales.

Esta iniciativa busca fortalecer la seguridad en el estado de Zacatecas y hacer frente a la creciente incidencia de delitos como la extorsión, así como prevenir situaciones que pongan en peligro la integridad de la comunidad. El proyecto de decreto será sometido a análisis y discusión en el Congreso local para su eventual aprobación.