POR HEBERT  HORACIO HERRERA QUEZADA

-Resumen-

Luego de las Reformas Estructurales impulsadas durante 2014 por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y de su instrumentación y aplicación en el presente año, da la impresión inmediata de que paso a paso, México se consolida como una Nación fuerte encaminada al progreso y la consolidación de una nueva potencia de clase mundial. Si bien, las reformas estructurales han polarizado la vida política entre las diferentes fuerzas parlamentarias, cabe señalar que su integración parte de un análisis exhaustivo en torno a las necesidades primordiales del País. Educación; Energía y Comunicaciones, son tres temas trascendentales que hoy día, hacen del México de las reformas aplicadas, un México de crecimiento y desarrollo, encaminado al bienestar social.

No obstante, nuestro país suele vivir claroscuros diversos que se contraponen en la construcción solidaria de un México mejor. La evasión de la justicia que el Domingo 12 de Julio de 2015 demostrara Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, quien fuese y nuevamente es, el criminal más buscado del mundo, dejó al descubierto dos crudas realidades: Primero, que el sistema penitenciario en México, es vulnerable, convirtiendo al País, en el foco obligado de referencia mundial en torno a la evasión de la justicia y; Segundo, que las cárceles del País en materia administrativa, siguen plagadas de corrupción, filtración de recursos de procedencia ilícita e impunidad. Obligando a los Poderes Públicos, a actuar en consecuencia ante éste hecho calificado por el Ejecutivo como “imperdonable”.

Ante este panorama desalentador, el Poder legislativo impulsa hoy día, una nueva normatividad para la modernización del sistema nacional penitenciario. Dicha reforma, consta de un proyecto legislativo que modificaría de raíz uno de los graves problemas nacionales: Se busca revertir el poco éxito en la reinserción social de miles de presuntos delincuentes, cuyas políticas públicas hasta el momento se han manejado bajo un modelo que genera un círculo vicioso en los reclusorios, ya que se gasta mucho del erario en manutención de los presos pero no se les reincorpora a la sociedad como ciudadanos participativos en el desarrollo de México, quizás entendiendo éste paradigma, podríamos explicar la problemática en materia de evasión que se vive en las cárceles del País.

Aunado a ello, se pretende reforzar las medidas de seguridad enlazando el circuito cerrado de los penales de máxima seguridad, en una “señal espejo” que haga llegar imágenes y audio en tiempo real a todas las instancias de seguridad pública federal. (CNS; Marina; Ejercito Mexicano; Policía Federal)

-Introducción-

El sistema penitenciario en México, representa sin duda alguna la opacidad y la fractura del Estado de Derecho en el País. De acuerdo con los expertos, las cárceles de todo el territorio nacional representan la crisis del sistema de justicia que hay en México, pues ahí se reproduce, a manera de un “microcosmos”, toda la cadena de corrupción e impunidad que transita, desde la procuración de la justicia hasta su impartición. En este tenor, es muy limitada o nula la acción de las entidades gubernamentales para frenar este clima de incertidumbre, violaciones sistemáticas y evasión de la justicia, que convierte a los reclusos en reinserción social, en simples víctimas del propio sistema de justicia que los ha consignado o bien, en corruptores y evasores del propio sistema judicial.

En efecto, en prácticamente todas las prisiones que existen en el territorio nacional se da una sistemática violación de los derechos humanos, aunado a ello y más preocupante aún, se da el trasiego de droga, la corrupción y “compra de voluntades” en los más altos mandos del sistema que convierten al sistema penitenciario mexicano, en el más vulnerable y a la vez violatorio del que se tenga registro en la historia. Actualmente, en México existen 418 centros penitenciarios: 306 son de operación y responsabilidad estatal; 90 están adscritos a la autoridad municipal; mientras que 12 lo están a la Federación; y uno al Distrito Federal, en los cuales, según la CNDH enfrentan una severa crisis de incumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

En la actualidad, existen 240 mil personas recluidas en México, de ellas alrededor de 105 mil 600 se encuentran a la espera de que les sea dictada una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria, no obstante, la cruda espera en la mayoría de los casos se torna oscura por el caduco proceso del trámite contrario al espíritu constitucional que representa, el claro quiebre del sistema. Por si esto fuera poco, según las cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Seguridad, al año se registran cerca de 72 intentos de fuga frustrados, 12 muertes por peleas entre internos y más de 200 conatos de riña entre grupos internos o pandillas. Esta realidad muestra dos emergencias de opuesto signo: La regulación de los derechos humanos y la renovación de las medidas de supervisión y vigilancia.

Según los expertos, las prisiones que existen en el país muestran un quiebre orgánico, pues la actuación de los Poderes Ejecutivos, en todos los órdenes del gobierno, resulta contraria a lo dispuesto a la Constitución. En contrapunto, la evasión de la justicia por medio de sobornos, amenazas o el mismo tráfico de influencias, son una constante difícil de detectar pero en urgencia de combatir, mientras no se dé el equilibrio entre estas dos variables, el sistema en el País además de caduco será obsoleto y contrario a los mandatos constitucionales.

-Desarrollo-

El Objetivo General es: Identificar, conocer y analizar las deficiencias del sistema penitenciario mexicano a fin de determinar cuáles han sido sus principales causas para poder así, evaluar una viable reforma constitucional que garantice los derechos humanos de los reclusos al tiempo en que se fortalezca la logística en materia de vigilancia para la prevención de la evasión de la justicia.

Los Objetivos Específicos son:

-Coadyuvar al análisis en torno a la formulación de un proyecto de ley que garantice los derechos humanos al interior de los centros penitenciarios en el País.

-Sugerir opciones viables para la elaboración de una correcta iniciativa de ley que certifique los estándares de seguridad para los reclusorios de la república Mexicana. Y;

-Analizar la situación actual sobre la regulación de reclusorios en México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sugerido en su diagnóstico en la materia del año 2014, que es urgente llevar a cabo profunda reforma al sistema penitenciario, como parte de la estrategia nacional de prevención del delito pues, al abandonarse la prioridad de la reintegración social, se da la espalda a la posibilidad de que las personas privadas de su libertad puedan reincorporarse a una vida apegada a la legalidad; o bien, aquellas personas exoneradas, no sean estigmatizadas por haber sido detenidas aun sin haber cometido un delito. Si atendemos al estricto concepto del derecho, podemos discernir que la intención pura de los centros penitenciarios es precisamente la reinserción a la sociedad, realidad que debido a las circunstancias se encuentra muy lejos de la realidad.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existe una larga lista de problemáticas no atendidas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social concerniente a la Administración Pública Federal, las cuales se pueden resumir en el hecho de que actualmente las prisiones con frecuencia “propician abusos de poder, conatos de fugas, fugas, motines, etc. Dadas las características de encierro y de vulnerabilidad en que por lo mismo, se encuentran las personas recluidas”. Tales problemáticas se resumen en lo siguiente:

a) Deficiente control en el ejercicio eficiente de las funciones de autoridad; en 65 de los 101 centros visitados por la CNDH se encontró autogobierno o cogobierno.

b) Hacinamiento y sobrepoblación.

c) No existe una adecuada separación entre las áreas destinadas a hombres y mujeres.

d) La atención médica es insuficiente y carecen de equipamiento e instrumental médico adecuado.

e) En la mayoría de los centros no existen mecanismos para prevenir eventos violentos.

f) Tanto en lo federal como en lo local, carecen de unidades de atención y presentación de quejas por violaciones a los derechos humanos.

g) Los teléfonos públicos dentro de las prisiones tienen deshabilitados los números gratuitos con lada 01 800, lo que viola el derecho a la comunicación y debida defensa, así como a la protección de los derechos humanos.

h) En la mayoría de los centros, las condiciones de higiene, la calidad de los alimentos, así como el acceso a servicios de educación, son deplorables.

i) En 40% de los penales se ha registrado al menos 1 intento de fuga en los últimos tres años.

j) En uno de ellos, y quizás, el episodio más dramático que ha vivido México en su Historia penitenciaria, fue la fuga por segunda ocasión del reo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

Dicha situación es tan grave tanto en el ámbito relativo a Derechos Humanos, así como el referente a evasión de la justicia que el tema ya ha sido observado por instancias internacionales, pues en sus Observaciones al Estado Mexicano, se señala que: “El Comité sigue preocupado por los informes que describen situaciones de hacinamiento, violencia entre reclusos y autogobierno en los centros penitenciarios del Estado parte, así como casos de extorsión a los familiares de los reclusos, conatos de fuga y pruebas claras de evasión de la justicia”.

De acuerdo con la Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Socia CIDE 2014, coordinada por Elena Azaola y Catalina Pérez Correa, la mayoría de las personas privadas de su libertad han sido trasladadas a centros federales que están sumamente alejados de sus lugares de origen, contraviniendo lo que establecen los artículos 18 y 19 de la Constitución. De acuerdo con el estudio, sólo 17% de las y los internos aceptaron su traslado; el promedio que tienen que recorrer los familiares de las personas detenidas es de 791 kilómetros; mientras que para la mayoría de los familiares el costo económico, laboral y emocional de estos movimientos es prácticamente insostenible.

-Conclusión-

La mayoría de expertos y organismos defensores de los derechos humanos coindicen en el diagnóstico, pero también en puntos de propuesta, a los cuales la autoridad hace caso omiso:

a) La eliminación de la sanción carcelaria para delitos menores y no violentos.

b) Impulsar el desarrollo normativo y organizacional de las sanciones no privativas de libertad.

c) La utilización prudente del recurso de prisión preventiva.

d) El mejoramiento y la institucionalización de los programas y las técnicas de reinserción.

e) El fortalecimiento de la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional.

f) La profesionalización del personal administrativo, técnico y de custodia.

g) La vinculación de la señal espejo para evitar los conatos de fuga y evasión consumada de la justicia.

 

-Referencias-

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2015_IE_adolescentes.pdf

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2015/Com_2015_204.pdf

http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/450996/6/reclusorios-de-jalisco-reprobados-en-derechos-humanos-cndh.htm

http://www.rasainforma.com/noticias/nacionales/pgr-entrega-informe-sobre-la-fuga-del-chapo-guzman/149087/