Jaime Santoyo Castro

La llamada “Iniciativa Mérida”, así llamada por el nombre de la ciudad en donde fue acordada,  fue un pacto de cooperación entre Estados Unidos  y México que se firmó en 2007 y entró en vigor en 2008, diseñado para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, que durar tres años, pero este plazo fue prorrogado por ambas naciones y durante su vigencia el Congreso de Estados Unidos le asignó fondos por 3,300 millones de dólares, pero su efectividad ha sido duramente cuestionada tanto por los Congresistas Estadounidenes, como por funcionarios del actual gobierno mexicano y los estudiosos de los temas de seguridad de ambas naciones. 

El viernes pasado, se reunieron el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken y el Canciller mexicano Marcelo Ebrard, quienes informaron que ésta alianza será renovada, para dar paso a una estrategia con un enfoque más integral con relación a la seguridad, salud y comunidades seguras.

Este nuevo acuerdo se denominará “Entendimiento Bicentenario”, para conmemorar el doscientos aniversario de la consumación de la independencia de México, que se cumplió  el 27 de septiembre pasado. 

El compromiso es presentar un plan el próximo primero de diciembre, en el que se contemplen las acciones que se van a llevar a cabo por los gobiernos de ambos países durante los próximos tres años. Un nuevo capítulo en la cooperación bilateral entre ambos países en materia de seguridad, migración, salud y desarrollo que se integrará por una serie de medidas y acciones en los temas de la seguridad, migración y la salud pública.

De esta alianza surgirán medidas que habrán de incrementar la protección de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses, toda vez que tiene el propósito de establecer el mismo nivel de prioridad en acciones para disminuir el tráfico de armas y combatir la violencia, con un plan para propiciar oportunidades de desarrollo para los jóvenes y dar cauce a la solución de sus problemas.

El plan deberá contener acciones en el que se contemplen tres grandes objetivos comunes, que son: 1) Proteger a la población; 2) Prevenir la delincuencia en la zona fronteriza y 3) Desmantelar las redes criminales, y el éxito no sólo en medir el número de detenciones, sino en medir la reducción en la violencia, la adicción y el consumo de drogas, disminuir el tráfico de armas y el lavado de dinero, en acciones para prevenir el delito, poniendo énfasis en el control de puertos, localización de desaparecidos y una política migratoria con sentido humanista.