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Zacatecas ocupa el segundo lugar con el menor fortalecimiento en prevención del delito en México

Un estudio del gobierno de México ha revelado que Zacatecas se encuentra en la segunda posición entre los estados con el menor fortalecimiento en prevención del delito en el país. El informe señala que el promedio de fortalecimiento en esta materia en Zacatecas ha caído del 75 al 41 por ciento entre los años 2021 y 2022.

En el análisis denominado «Capacidades Institucionales en Materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en las Entidades Federativas» correspondiente a 2022, Zacatecas solo quedó detrás de Tamaulipas, que obtuvo un 39 por ciento en este índice.

Este deterioro significativo en el desempeño en prevención del delito ha llevado a que Zacatecas pase de estar en una clasificación considerada aceptable junto con otros seis estados a ser uno de los peor evaluados, en compañía de entidades como Durango (48 por ciento) y Ciudad de México (49 por ciento).

El informe identificó varias deficiencias en Zacatecas, incluida la falta de capacidad de ejecución y operación en el área encargada de la prevención del delito, así como la carencia de líneas de acción definidas. Además, se destacó la ausencia de un Consejo Ciudadano de Seguridad para abordar temas de prevención y monitoreo.

A diferencia de 26 entidades en México, en Zacatecas no opera el Centro Estatal de Prevención Social, y en su lugar se estableció la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, que según el informe, ha reducido su personal de 20 a 11 servidores públicos en un año. También se observó un retroceso en la definición de acciones y el marco jurídico.

El estudio, realizado por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDPC), señala que Zacatecas cerró el año 2022 con un 37.5 por ciento en fortalecimiento de capacidades institucionales básicas y un 45 por ciento en gestión pública, para un promedio de 41 por ciento.

Ante estos resultados, el CNPDPC enfatizó la necesidad de institucionalizar una política de prevención sostenible en el tiempo y que sobreviva a los cambios de administración. También hizo un llamado a los gobiernos estatales para brindar las herramientas necesarias para que estas entidades puedan cumplir adecuadamente sus objetivos en materia de prevención del delito y contribuir al bienestar de la población.