Se trata de la tasa de percepción de inseguridad más alta del país, revela la ENVE

Irene Escobedo López

Ser victima de la delincuencia significa un atentado al patrimonio y muchas veces a la vida de las personas, implica desempeñar una actividad económica bajo amenaza, con temor y con el riesgo de seguir siendo víctimas de extorsión, robo y otros delitos del fuero común, pero también, conlleva afrontar el gasto de prevención que en la entidad pudiera ser de hasta 2 mil millones de pesos, unos 28 mil pesos por empresa.

Lo anterior se desprende de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022 presentada este jueves, instrumento que desde 2019 no arrojaba resultados relativos a delitos del fuero común, pero que ahora según la información presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, implica la comisión de más de 2.9 millones de delitos del fuero común en el país, afectando a un millón 200 mil unidades económicas.

Para las 93 mil 504 empresas que están instaladas y operan de manera formal en Zacatecas, el impacto de la delincuencia ha provocado un gran temor ante el riesgo de ser víctimas de extorsiones y robos.

El 90 por ciento de los empresarios se sienten inseguros, es la tasa más alta del país en cuanto a percepción de la inseguridad, revela la ENVE 2022.

La intranquilidad de más del 50 por ciento de los empresarios se presenta al momento de transportar productos por carretera o autopista, al movilizar productos en corredores industriales y comprar o vender en centrales de abastos.

La encuesta para percepción sobre la seguridad pública y desempeño de las autoridades se aplicó entre febrero y abril de este año.

Pero el temor tiene fundamentos y es la consecuencia de los delitos cometidos contra 28 mil empresas zacatecanas durante 2021, que equivale a 2 mil 992 víctimas de delitos del fuero común, por cada 10 mil unidades económicas, aunque las cifras negras, destaca el informe, hablan de que las empresas afectadas serían 85 mil, considerando que alrededor de 57 mil no denunciaron ser víctimas de extorsión o robo principalmente, debido a que no cuentan con pruebas o por considerarlo una pérdida de tiempo.

Los resultados de la encuesta definen que los delitos cometidos se atribuyen al consumo de drogas y alcohol, al robo y al pandillerismo o bandas violentas lo que da pie a la extorsión, el robo de mercancía, dinero, insumos o bienes y al robo hormiga.

El periodo de referencia de la información para victimización corresponde a enero – diciembre de 2021. Del análisis de la ENVE 2022 se desprende que, la suma de

El costo del delito para el sector privado equivaldría a poco más de 2 mil millones de pesos los delitos denunciados más las cifras negras, corresponden cabalmente al porcentaje de empresarios -propietarios de unidades económicas micro, medianas y grandes– que han calificado como muy alta la percepción de inseguridad en la entidad.

Pero la inseguridad tiene un precio para el sector privado. Cada empresa que ha sido víctima de la criminalidad en Zacatecas ha tenido que invertir poco más de 28 mil pesos en medidas preventivas, unos 2 mil 380 millones de pesos en total -invertidos en alarmas, reforzamiento de chapas, ventanas, puertas, seguridad privada, protecciones- cifra impresionante de la que el INEGI sugiere no obtener conclusiones cuantitativas ya que los resultados “se presentan para análisis cualitativo”.

Por otro lado, los sectores más castigados por la inseguridad son los establecimientos de servicios que tuvieron mayor concentración de delitos, después de y el comercio, en ese orden.

En 2019 los servicios y el comercio fueron los más lastimados por la delincuencia. Los detalles que revela la Encuesta son tan impresionantes como sorpresivos. Mientras que en la mayor parte del país los delitos contra empresas se cometen entre las 12:01 y las 18:00 horas, en Zacatecas ocurren entre 6 de la mañana y 12 del medio día.

Y si la inseguridad no fuera suficiente, los empresarios locales respondieron ante la Encuesta que están siendo afectados por el bajo poder adquisitivo de la población que ya es considerado “el segundo gran problema”.

De aquí se derivan otros como la falta de castigo a los delincuentes, los altos impuestos, la falta de apoyo del gobierno, la corrupción, la mala aplicación de la ley y otros aspectos como los desastres naturales y la mano de obra poco calificada.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) forma parte de los proyectos impulsados por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).