Por Jaime Santoyo Castro

En el concierto internacional contemporáneo, pocas naciones ejercen una influencia tan determinante, y a veces tan invasiva, como los Estados Unidos de Norteamérica.

No es un secreto que sus autoridades suelen asumirse, de facto, como una suerte de tribunal global con facultades para investigar, señalar e incluso sancionar de mil maneras a actores políticos y económicos de otras latitudes.No se trata, desde luego, de que sean el paradigma absoluto de justicia o integridad institucional.

Tampoco de que su sistema sea inmune a contradicciones. Su capacidad de incidencia obedece, más bien, a una realidad innegable: su poder económico, su fortaleza militar y su peso geopolítico. Pero hay un elemento adicional, más incómodo y profundo, que explica por qué esas intervenciones encuentran eco: el vacío que dejan las instituciones locales cuando no escuchan ni atienden a su propia sociedad.

No olvidemos que los vacíos que dejamos en casa suelen ser ocupados por otros. Cuando en un país la ciudadanía percibe que la corrupción, la impunidad y la inseguridad se han normalizado; cuando las denuncias se diluyen en la burocracia o en la complicidad; cuando la justicia parece selectiva o inexistente, entonces la voz popular; esa que debería ser el fundamento del orden democrático, busca cauces alternos, incluso fuera de sus fronteras.

Desde luego, ninguna forma de injerencia externa es deseable ni justificable en términos de soberanía. Pero tampoco puede soslayarse que la omisión interna abre la puerta a esas intromisiones. La soberanía no sólo se defiende con discursos; se sostiene con instituciones fuertes, con legalidad efectiva y, sobre todo, con credibilidad.En este contexto, los señalamientos recientes en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros actores, independientemente de su veracidad o sustento probatorio, no surgen en el vacío.

Durante años, en distintos espacios, desde conversaciones cotidianas hasta análisis periodísticos, han circulado versiones, sospechas y cuestionamientos que no han sido esclarecidos con la contundencia que exige el interés público.Y ahí radica el problema de fondo: no es únicamente el daño reputacional a una persona o a una entidad federativa; es la erosión de la imagen del país entero.

Porque cuando las dudas persisten y no se atienden con transparencia y legalidad, se convierten en terreno fértil para la especulación, la desconfianza y, eventualmente, la intervención externa.En una democracia, la legitimidad del poder descansa en la confianza de la ciudadanía. Y esa confianza sólo se construye escuchando, investigando y actuando con responsabilidad.

No basta con descalificar o minimizar las voces críticas; es indispensable atenderlas.“Vox populi, vox Dei”: la voz del pueblo es la voz de Dios, reza el viejo adagio. No como una verdad absoluta, sino como un recordatorio de que en la opinión colectiva suele haber señales que no deben ignorarse. Cuando el poder decide no escuchar, otros lo harán.Si realmente queremos cerrar la puerta a las intromisiones del exterior, el camino es claro: poner orden en casa.

Fortalecer nuestras instituciones, combatir la corrupción sin distingos y garantizar que la justicia no sea una promesa, sino una realidad.Porque cuando un país se gobierna con legalidad y legitimidad, no necesita que nadie desde fuera le marque el rumbo.